El cine colombiano se enfrenta a una reforma que pone en peligro su autonomía

En la última semana la industria audiovisual se ha unido en contra de una serie de cambios que con el proyecto de ley de la Reforma Tributaria afectarían a uno de los ecosistemas culturales que con más trabajo se ha ganado cada uno de sus derechos y beneficios. En caso de aprobarse tal y cómo está, la Reforma Tributaria atacaría directamente la financiación de un Fondo para Desarrollo Cinematográfico que en 17 años ha cambiado la historia del cine colombiano hasta convertirlo en uno de los 4 más importantes de América Latina. Pero no solo eso: también significaría un duro golpe a la autonomía del cine nacional que se ha encargado de construir narrativas críticas y nuevas perspectivas sobre la historia del país.

Antes de adentrarse en lo que podría significar la restructuración fiscal que se propone en el proyecto de reforma que se debatirá en el Congreso Nacional, es importante revisar el estado del cine nacional antes de la aparición de la Ley 814 de 2003, mejor conocida como Ley de Cine, la cual revitalizó y brindó una estructura robusta a la industria cinematográfica.

La historia de la integración del cine en las políticas estatales se puede rastrear hasta 1942, cuando con la Ley 9 se empezó a apostar por un desarrollo cinematográfico haciendo prebendas a las salas que exhibieran cine nacional. Más tarde, el 28 de julio de 1978 aparece una herramienta que facilitó al cine contar con un presupuesto para apoyar directamente la producción de largometrajes y cortometrajes. Así nació el FOCINE, entidad encargada de administrar un fondo del que era responsable el gobierno de turno y que hasta 1992 contribuyó e influyó directamente en la producción de 31 largometrajes y 139 cortometrajes.

El FOCINE se enfrentó durante esos años a diferentes problemas administrativos producto de un exceso de burocracia, como lo mencionó El Tiempo, meses antes de su desaparición. Además, se enfrentó a una apatía por parte del público, lo que no hacía rentable el cine colombiano y su manutención poco atractiva para el Estado. Según el crítico, curador y periodista, Pedro Adrían Zuluaga esta condición de impopularidad no era una condición general y principalmente se debía a que “el espectador tenía sus prejuicios contra un cine nacional que no se doblegara a los códigos de los cines de Hollywood o a la influencia del cine popular mexicano. También existía el prejuicio de que las películas no se oían bien, pero eso era en parte la falta de hábito (la costumbre de leer subtítulos) y las condiciones técnicas del sonido de los teatros del momento”.

Incluso la Revista Semana en 1992 hizo un balance económico del resultado de los 15 años de funcionamiento de lo que entonces denominaron como “una de las instituciones más ineficientes del país”. En ese balance se hablaba de que de una inversión de 2.372 millones de pesos de ese momento invertidos solo lograron recuperarse 570 millones de pesos entre taquillas y pago de deudas. “El Estado colombiano invirtió miles de millones de pesos en películas que nadie vio y que no le produjeron sino pérdidas”, dice el obituario de esta empresa fallida. Así, el del FOCINE es el mejor ejemplo de cómo una intervención tan directa del gobierno en las decisiones cinematográficas puede ser catastrófica para esta industria.

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Entre rumores de censura (por lo general infundados), un enfoque muy nacionalista, pues la mayoría de las películas eran adaptaciones literarias o documentos históricos aunque críticas en mayor o menor medida, y una clara crisis de asistencia a las salas, el FOCINE murió y a poca gente le hizo falta.

“Más que beneficioso el final del FOCINE era inevitable. La liquidación coincidió con un clima político generalizado en Latinoamérica que fue el experimento del neoliberalismo. La idea de un Éstado más pequeño y menos subvencionista. Ya se sabe muy bien que ese modelo fracasó y que en los años siguientes la mayoría de los países de la región (incluido Colombia) retomó los subsidios estatales al cine”, dice Pedro Adrián Zuluaga. Esta búsqueda nacional por el bienestar de la cultura colombiana reapareció cuatro años después en 1997 con la Ley General de Cultura que gestó el Ministerio de Cultura y con la cual se asignó un presupuesto a pensar el futuro de la cultura colombiana.

En los despachos de ese primer Ministerio de Cultura se creó y se ideó la Ley de Cine que cambió para siempre la historia del cine colombiano dándole un lugar privilegiado entre las diferentes artes. Un triunfo que se dio, entre otras cosas, gracias al esfuerzo de personas como Felipe Aljure y Sylvia Amaya. Así mismo, uno de los artículos de la Ley de Cine fundó el Fondo de Desarrollo Cinematográfico o FDC que se financia, hasta el día de hoy por un impuesto parafiscal. De este modo, cerca del 3% de cada una de las boletas de cine vendidas en Colombia se destina a apoyar la producción, distribución y realización de los proyectos cinematográficos del país por medio de una serie de becas y estímulos.

Desde la fundación del FDC hace 17 años, el cine colombiano ha avanzado considerablemente. De lanzar en promedio 4 películas por año la cifra ha saltado a 30 películas por año en promedio durante los últimos 11 años según datos de Proimagenes. Ademas, muchas de estas películas han conquistado a la crítica internacional como El abrazo de la Serpiente y, a diferencia de las producidas con apoyo del FOCINE, consiguieron números favorables en la taquilla nacional como La Cara Oculta de Andy Baiz.

Foto tomada de La Tierra y La Sombra (2015)

Por otro lado, en estos últimos años el cine ha sido el espacio de discusión y disputa sobre la narrativa que se maneja de nuestro país. Películas como Monos, Mateo, Los Días de la Ballena o Matar a Jesús hablan desde diferentes perspectivas sobre las tensiones de clase, posiciones políticas y la misma expresión artística, dando cuenta de que existe una autonomía temática y financiera por parte del FDC. “Es peligroso que se piense hacer un borrón y cuenta nueva, eliminando todas las luchas políticas y esfuerzo para conseguir la ley de cine de 2003”, dice Pedro Adrían Zuluaga.

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En el articulado que circula en internet se propone reestructurar la financiación del FDC y convertirlo en un fondo responsabilidad en su totalidad del Estado y a merced de los gobiernos. Esto para, según ellos, asegurar unos ingresos minimos en la situación que se enfuentra el fondo sin boletas. Así mismo, se propone mantener como base la cantidad de dinero conseguida con los parafiscales en el último año de funcionamiento normal de las salas de cine, donde los colombianos directamente aportaron cerca de 33.000 millones de pesos, e irla ajustando según la inflación. Esto, teniendo en cuenta los bajos históricos de asistencia a salas de cine y la irrupción de las nuevas plataformas de video en streaming como Netflix o Amazon, suena bien de primerazo, pero tiene un componente que preocupa y es la perdida autonomía que tendría la producción cinematográfica al ser el gobierno el que ponga el dinero directamente.

“No es algo nuevo que este gobierno quiera intervenir espacios simbólicos como Centros de Memoria o museos. Es preocupante que puedan tener un mayor nivel de injerencia en las decisiones que se tomen en cuanto al cine”, anota Pedro Adrían Zuluaga. El crítico además se encuentra preocupado por la vulnerabilidad de esta expresión artística y su valor discursivo y estético en el caso de que se regrese a un modelo asistido por el Estado.

Sobre esto último, y con motivo de todo lo ocurrido con esta propuesta de reforma se convocó la semana pasada a una Asamblea Nacional Audiovisual donde cientos de actores de la industria entre productores, sonidistas, directores, actores y hasta exhibidores se juntaron para pensar colectivamente en las implicaciones que podría tener una reforma tributaria que se le meta al rancho hasta ese punto. “Volver a ese modelo (el del FOCINE) es no tener garantías de la disponibilidad presupuestal, ya que los gobiernos de turno tendrían siempre potestad para decidir frente a una desigualdad estructural en montos presupuestales con un sector como el de la cultura”, señala la Comisión de Comunicaciones de la Asamblea Nacional Audiovisual resultado de esta reunión.

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Es clave anotar que en su inicio en 2004 el FDC empezó aportando cerca 540 millones de pesos para la producción, distribución o exhibición del cine colombiano y que su aumento de casi un 6.000% en 17 años se debe principalmente al público colombiano. “Sin duda es preferible tener un FDC pequeño el próximo año y apretarse el cinturón que perder la autonomía y el poder de decisión”, dice Andrés Jaramillo, asesor jurídico de la Asamblea Nacional Audiovisual, quien se encuentra trabajando por frenar este aparte de la propuesta de la Reforma Tributaria.

Foto tomada de Matar a Jesús (2017)

Natalia Guevara, de la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura - MAAC señala que esta reforma “es muy preocupante porque, además, conociendo cómo funcionan sus dinámicas, entrarán a decidir en qué se gasta o no se gaste ese dinero. Es de alguna forma apropiarse de la narrativa del país por el cine”. Como ella comenta el cine ha sido ese espacio de discusión discursiva que permite que se construyan sentidos alrededor de un país o un gobierno, yendo a un extremo el caso del uso propagandístico del cine alemán de mediados de siglo.

“Vea la cantidad de películas sobre militares gringos salvando el día que se producen en los Estados Unidos, eso responde a que parte de la financiación de Hollywood viene directamente de la Secretaría de Defensa”, comenta por su parte Luis Barrera de ASIFA, Asociación Internacional de Films Animados.

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“Podría ser muy riesgoso perder la independencia que como creadores tenemos y, en consecuencia, perder lo que tenemos hoy: diversidad de miradas sobre nuestra realidad y sobre la memoria como garantes de una sociedad consciente de su devenir”, dice la Comisión de Comunicaciones de la Asamblea Nacional Audiovisual sobre lo que podría significar la directa influencia del gobierno en el flujo de caja del fondo, una posible autocensura para no incomodar al goberno de turno y poner en riesgo los recursos de la industria.

Figuras relevantes en la industria cinematográfica a nivel mundial como Alberto Barbera del Festival de Venecia o Charles Tesson de la Semana de la Crítica de Cannes, entre otros directores y actores, también se han manifestado a través de una carta en la que exigen el respeto a la Ley del Cine de 2003. En esta carta, señalan que “el cine de Colombia existe ahora en todo el mundo y ha puesto en alto la diversidad y la efervescencia de la creación artística colombiana. Este cine nos dio a conocer otra narrativa de las realidades del país, una narrativa propia, a contracorriente de las imágenes vehiculadas por los noticieros”.

Foto tomada de Los Dias de La Ballena (2019)

Esta propuesta por parte del gobierno ya incluso tiene una respuesta de parte de algunos de los Directores de Cinematografía del Ministerio de Cultura en los últimos años entre los que se encuentran dos de los arquitectos de la Ley de Cine, Sylvia Amaya y Felipe Aljure. En esta respuesta se propone permitir, como está contemplado en el texto original de la Ley de Cine, que el gobierno haga aportes directos del FDC y hacer una mesa conjunta donde se piense en los alcances de la pandemia y en, de ser necesario, nuevas formas de financiación para un fondo que debe permanecer autónomo de las decisiones políticas, como ha funcionado hasta ahora.

Así mismo, aparece otro punto que es realmente preocupante y es que la reforma eliminaría de un plumazo las prebendas que desde 1942 se han venido brindando a las salas que tengan una cuota nacional en sus carteleras. “Se reduce la cuota de pantalla como tal y se limitaría la circulación de cortometrajes, así como de largometrajes nacionales al desmontarse los incentivos que existen para tales efectos. Un camino ganado durante todas estas casi dos décadas de aplicación de este modelo”, dicen desde la Comisión de Comunicaciones de la Asamblea Nacional Audiovisual.

Con el riesgo de perder, además de la autonomía, los espacios de circulación y distribución, el cine colombiano ha mostrado que una legislación creada en conjunto con los sectores culturales tiene enormes beneficios para el desarrollo de una industria, como en el caso de la Ley de Cine de 2003. La resistencia a esta propuesta de reforma es una señal de agremiación y unidad que no permitirá que sus derechos y protecciones les sean arrebatados tan fácilmente. Por eso es clave continuar trabajando hombro a hombro para pensar en el futuro del Fondo y la necesidad de reestructurar sus ingresos en la contingencia de la pandemia. Aunque la reforma apenas tiene asignados sus ponentes y no está lista para ser discutida en el Congreso, que se contemple una reforma que ponga en jaque la autonomía y la economía del cine nacional hacen de esta una intención peligrosa.