La represión artística tiene geografías distintas pero la misma lógica: el nuevo informe de Freemuse

 

Crear en 2025 fue un acto político, independientemente de si esa era la intención del artista. Las guerras arrasaron ecosistemas culturales, los gobiernos perfeccionaron sus herramientas legales para silenciar la disidencia creativa y el retroceso democrático avanzó con una velocidad que los mecanismos de protección de los derechos humanos no lograron igualar. Eso es lo que documenté al escribir el capítulo sobre América Latina del State of Artistic Freedom Report 2026 de Freemuse, el informe anual que desde 2016 monitorea las vulneraciones a la libertad artística en el mundo y que este año registró más de 700 casos en más de 90 países. Esa tensión entre lo que debería ser y lo que nos arroja la evidencia es el punto de partida.

 

Como ha señalado Halim Badawi —crítico de arte, investigador y curador especializado en arte colombiano—, desde finales del siglo XIX hemos asumido que el arte es un territorio libre: que el artista es soberano de su obra y que esa independencia, lejos de ser un privilegio, es la condición que mantiene viva y dinámica la cultura. La libertad de expresión artística ha sido consagrada, históricamente, como uno de los bienes supremos de la democracia.

 

Esa soberanía, sin embargo, nunca fue pasividad. En la última década los artistas han ampliado los alcances de su práctica al involucrarse con causas urgentes: la defensa del medio ambiente, la defensa de la vida y el territorio de los pueblos indígenas, las crisis migratorias, el avance de los autoritarismos, entre otros. Virginia Woolf sostuvo, a lo largo de sus ensayos sobre arte y política, que "la labor artística es esencial para una sociedad y que los artistas deben ser agentes de cambio, no apartarse de la comunidad para crear un arte que solo necesita de sí mismo para existir." 

 

El retroceso democrático global pone esa premisa bajo una presión sin precedentes. Amnistía Internacional, en su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo 2026, advierte que las reglas del juego internacional ya no se sostienen sobre el respeto a la humanidad común, sino sobre la supremacía comercial y la hegemonía tecnológica, con líderes políticos que han desplegado una ofensiva de conquista basada en la destrucción, la represión y la violencia a escala masiva.

 

En ese contexto llega el State of Artistic Freedom Report 2026 de Freemuse. Sara Whyatt, directora de investigación de la organización, lo resume así: “guerras asolan el mundo —en Gaza, Líbano e Irán, en Ucrania, Sudán y Myanmar— y los artistas están entre sus víctimas”. Las instituciones culturales han sido deliberadamente destruidas. Los artistas han sido asesinados, desplazados y silenciados. Y para quienes han alzado la voz, las consecuencias han sido severas. El informe identifica dos crisis que se entrecruzan: la de la guerra, que devasta los ecosistemas culturales, y la del retroceso democrático, que equipa a los gobiernos con herramientas legales e institucionales para suprimir las voces creativas disidentes.

 

Al trasladarnos a América Latina, lo que encontramos no es un conjunto de casos aislados: son patrones repetidos que moldean las condiciones bajo las cuales los artistas pueden crear, actuar, hablar y moverse libremente. Como señala el propio informe, esta continuidad es en sí misma una señal de alarma: cuando las violaciones se repiten año tras año, la censura, el hostigamiento y los ataques contra quienes expresan visiones disidentes o disruptivas, corren el riesgo de normalizarse. Y esos patrones, como veremos, también se entrecruzan con algunas de las tendencias globales registradas en el informe.

 

Los gobiernos están usando la ley para silenciar la expresión artística. El mecanismo es siempre parecido: normas que prohíben el “contenido obsceno”, las “letras degradantes” o la “apología del crimen”, sin definir con claridad qué significan estos términos ni cuál es el alcance de los mismos. Esa vaguedad no es un descuido sino la herramienta, porque cuando la ley es suficientemente imprecisa, cualquier obra puede volverse un delito.

 

En América Latina la tendencia es transversal. En Perú, el Proyecto de Ley 3383/2022-CR, impulsado por un legislador del partido de ultraderecha Renovación Popular, propone prohibir expresiones artísticas en espacios públicos que incluyan contenido “violento, erótico u obsceno”, sin definir ninguno de esos términos, con un riesgo de aplicación arbitraria que recae especialmente sobre el arte performático, la música y las artes visuales en entornos comunitarios. En Brasil la tendencia se replicó en múltiples niveles de gobierno: desde una ley estadual en Amazonas que prohíbe canciones escolares consideradas violentas o discriminatorias, hasta normativas municipales en São Paulo, Río de Janeiro, Goiânia y Salvador que buscan impedir la contratación de artistas cuyas actuaciones sean calificadas como “apología del crimen”. En México las legislaturas de Aguascalientes, Michoacán y Querétaro promovieron restricciones a la presentación pública de narcocorridos y corridos bélicos, géneros con profundo arraigo cultural e identitario, bajo el argumento de “apología del delito”. El debate no es simple: hay corridos que efectivamente exaltan la violencia y la vida del narco, y eso no puede ignorarse, pero prohibir sin atender las causas estructurales que los alimentan es una salida política simplista que no resuelve nada. En Colombia la senadora Karina Espinosa Oliver con una agenda política de corte conservador anunció el proyecto #LeyLetrasDecentes, que busca regular letras musicales que “atenten contra la dignidad humana” con conceptos igualmente indefinidos como degradación u objetificación sexual. 

 

El patrón es el mismo en todos los casos: legislación de apariencia protectora, construida sobre nociones deliberadamente difusas que sitúa a los artistas en un estado permanente de incertidumbre jurídica y autocensura anticipada.

 

Mariconas, trans y blasfemas: arte que incomoda 

 

En 2025, la censura sobre la expresión artística LGBTIQ+ no operó solo desde los márgenes del sistema, también desde sus instituciones centrales. El conservadurismo religioso, amplificado por actores políticos y organismos del Estado, fue el principal vector de supresión, con especial incidencia en espacios educativos, museos e instituciones culturales públicas. América Latina se inscribió así en un patrón global documentado también en Hungría, Turquía, Eslovaquia e India.

 

En Perú, en enero, la Pontificia Universidad Católica canceló la obra María Maricón y el Festival Saliendo de la Caja, programados para el 30 y 31 de enero, tras presiones de la Conferencia Episcopal Peruana y del alcalde de Lima, quien describió públicamente la pieza como un "insulto a la Iglesia Católica." Su creador, el dramaturgo Gabriel Cárdenas, aclaró que su intención no era atacar la religión sino narrar su propia experiencia como hombre gay excluido de la Iglesia. El caso no es nuevo ni aislado. En 2013, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá cedió a la presión de la Conferencia Episcopal de Colombia y retiró de su campus el Ciclo Rosa Académico, un ciclo de cine y debate académico sobre diversidad sexual y de género con doce años de trayectoria. La lógica es la misma: instituciones educativas que se doblegan ante el poder religioso para silenciar expresiones que incomodan. 

 

Los parachicos

 

En México, los casos se sucedieron a lo largo del año. El 10 de febrero, el mural Los parachicos del artista urbano Tesk Tesk fue saboteado hasta su remoción completa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por un activista que consideró que la representación de dos danzantes tradicionales besándose atentaba contra las costumbres locales. El 20 de febrero, en la exposición colectiva Desajustes en el Museo Sebastián de Chihuahua, autoridades del Instituto de Cultura municipal ordenaron eliminar la palabra "mujeres" del poema que acompañaba la obra Dos mujeres besándose en un ATM de la artista visual Leticia Gámez, argumentando que los espacios culturales municipales deben "privilegiar el contenido familiar". El artista visual Fabián Cháirez, cuya práctica aborda la iconografía católica desde una mirada queer y homoerótica, vio su obra censurada en tres ocasiones: en febrero en la UNAM, en abril en el Museo de la Ciudad de México y en septiembre en la Pinacoteca Estatal de Tlaxcala, siempre tras presiones de grupos religiosos. El 11 de septiembre, la Universidad de Guanajuato cerró anticipadamente la exposición Iconoclasia del estudiante de artes Edder Damián Martínez Reséndiz, cediendo a las mismas presiones. 

 

La venida del señor

 

La expresión artística de las mujeres continúa incomodando

  

El caso de la artista visual Leticia Gámez en Chihuahua ilustra con precisión lo que el informe señala como un patrón global: los estándares de control sobre la expresión artística se aplican de manera desproporcionada sobre las mujeres y las identidades disidentes. El informe 2026 documenta esta asimetría desde Afganistán, donde las mujeres están efectivamente excluidas de la vida cultural pública, hasta Irán, donde cantantes son detenidas y obligadas a firmar compromisos de no actuar; desde Pakistán, donde se imponen prohibiciones vitalicias de actuación por "vulgaridad", hasta Turquía, donde la caricaturista Zehra Ömeroğlu denunció que los cargos por obscenidad en su contra tenían un componente de género explícito, dado que colegas hombres que producían contenido similar no enfrentaban ningún escrutinio equivalente. La lógica es consistente a través de contextos legales, religiosos y políticos muy distintos: los estándares que se aplican a las mujeres no se aplican a los hombres. No es una coincidencia, es una política.

 

El crimen organizado y el silenciamiento persistente de la música popular

 

La música concentra, en el informe global, algunas de las vulneraciones más graves a la libertad artística. A lo largo de 2025, desde el Observatorio Bulla en conjunto con Freemuse, documentamos al menos 40 vulneraciones contra músicos en América Latina, la mayoría directamente vinculadas al crimen organizado y redes de extorsión. De estos casos, once corresponden a músicos asesinados.

 

Tres casos ilustran la magnitud del fenómeno. En México, el 25 de mayo, cinco integrantes del Grupo Fugitivo desaparecieron tras una actuación privada en Reynosa, Tamaulipas; sus cuerpos fueron hallados cuatro días después. Las autoridades detuvieron a nueve personas presuntamente vinculadas al Cartel del Golfo. En Perú, el 15 de marzo, Paul Flores, vocalista de Armonía 10, fue asesinado en Lima cuando sicarios abrieron fuego contra el autobús de la banda. En Colombia, el 7 de febrero, el cantante Zair Guette y su representante Teddy Vergara fueron hallados muertos con signos de tortura tras una actuación en el Valle del Cauca. 

 

A los asesinatos se suman extorsiones, ataques armados durante conciertos —como el que dejó cinco heridos, incluidos dos integrantes fundadores de la histórica agrupación de cumbia Agua Marina, durante una actuación en el Círculo Militar de Lima en octubre—, cancelaciones forzadas y amenazas mediante narco-mantas, fenómeno que ya había sido señalado en el State of Artistic Freedom Report 2025 de Freemuse. En Perú, el cantante de cumbia Bill Orosco canceló un concierto en febrero tras recibir amenazas de extorsión; poco después, un artefacto explosivo detonó frente a su vivienda, obligándolo a suspender todas sus actuaciones públicas por razones de seguridad. 

 

Los Estados fallan, una vez más, en su obligación de garantizar entornos seguros para el trabajo cultural. Crear en condiciones de seguridad no es un privilegio: es una obligación estatal consagrada en la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO (2005). En varios territorios de la región, esa obligación se incumple de forma estructural, con impunidad como telón de fondo.

 

Gaza, "neutralidad" y restricción institucional

 

En América Latina, las instituciones culturales recurrieron al lenguaje de la "neutralidad" para limitar las expresiones artísticas de solidaridad con Palestina. En Brasil, durante la Semana do Rock organizada por la Prefectura de São Paulo, la actuación de la banda Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo fue interrumpida abruptamente tras proyectar la frase "Palestina Livre" y banderas de países del Sur Global en una pantalla LED; días después, la Fundação Theatro Municipal canceló la FLIPEI, la Fiesta Literaria Pirata de Editoriales Independientes, alegando "contenido exclusivamente ideológico con sesgo electoral innegable."

 

 En Argentina, el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires canceló sin justificación formal un taller de la directora teatral Marina Otero titulado ¿Cómo crear después de Gaza?, exigiendo que lo renombrara para eliminar la referencia. Asimismo, la Asociación de Fileteadores reportó el retiro de obras con mensajes sobre educación pública y la guerra en Gaza, de la exposición Fileteado es Patrimonio, en el Palacio Libertad, sede de la Secretaría Nacional de Cultura. En Bolivia, durante la apertura de la exposición Alma y Tradición en la Fundación Simón I. Patiño en Santa Cruz de la Sierra, una obra del artista visual Jaime Tereba fue retirada sin previo aviso ni consentimiento del artista, supuestamente por sus referencias a la guerra en Gaza y su simbolismo antibelicista.

 

La neutralidad invocada en todos estos casos no es una posición apolítica: es, en sí misma, una decisión política de exclusión. Una exclusión que, en varios de estos casos, opera sobre expresiones artísticas que denuncian lo que organismos internacionales de derechos humanos han calificado como genocidio. 

 

Resistencia creativa: cuando las instituciones y los artistas se plantan

 

Frente a este panorama, el informe documenta también formas de resistencia sostenida. No como excepción, sino como patrón paralelo: artistas, gestores culturales e instituciones que, ante la presión, eligieron no ceder.

 

La respuesta más inmediata vino de los propios músicos. Pese al peligro, tras el asesinato de Paul Flores, músicos y trabajadores culturales peruanos organizaron manifestaciones nacionales bajo la consigna #NoQueremosMorir, exigiendo protección, investigaciones efectivas y garantías concretas para ejercer su oficio con seguridad. Los artistas no son únicamente víctimas de la violencia: son también defensores activos del espacio cívico.

 

La resistencia institucional también tuvo sus expresiones. En Ecuador, durante la 17ª Bienal de Cuenca, los organizadores se negaron a retirar la obra Son de Las Malvinas del artista visual Fernando Falconí —amenazada por un grupo conservador que la calificó como un "atentado contra las Fuerzas Armadas"—, presentaron una denuncia ante la Fiscalía y mantuvieron la pieza en exhibición hasta el cierre, el 1 de febrero de 2026. 

 

El jardín de las malicias

 

Pero Ecuador también fue escenario de censura desde las propias instituciones del Estado: a la caricaturista Vilma Vargas, conocida como Vilmatraca, vio cancelada su exposición El jardín de las malicias por la Casa de la Cultura Ecuatoriana sin justificación formal, en una situación que repitió la censura que ya había enfrentado en 2016. Y en el festival Kito Underground de Quito, autoridades de seguridad intervinieron durante la actuación de la banda de punk y hardcore Mugre Sur —conocida por su contenido político— reduciendo y cortando el sonido mientras el grupo interpretaba Los Cuatro de Malvinas; el evento fue posteriormente suspendido tras la aparición de un cartel con la frase "No, Noboa" entre el público. Aunque las autoridades enmarcaron la intervención como una medida de seguridad, la coincidencia con el contenido artístico y político de la actuación plantea serias dudas sobre censura encubierta. En agosto, la Asamblea Nacional archivó el proyecto de Ley Orgánica Regulatoria de las Expresiones Gráficas Callejeras Urbanas —que habría criminalizado el arte urbano sin autorización—, declarándolo incompatible con la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión.

 

En Paraguay, el caso del gestor cultural Juan Sebastián Coronel Bareiro, director del Centro Cultural La Chispa en Asunción —condenado el 1 de septiembre a nueve meses de prisión bajo cargos de "contaminación acústica y emisiones de ruido nocivas", en una aplicación selectiva y discriminatoria de ordenanzas municipales contra un espacio vinculado a comunidades LGBTIQ+, grupos racializados y artistas con estéticas no hegemónicas— convocó solidaridad nacional e internacional, y expuso con nitidez cómo las normas administrativas pueden convertirse en instrumentos de represión encubierta. La defensa argumentó, además, que la acusación se sustentó en una ordenanza ya derogada al momento del juicio.

 

 

 

Y ahora, ¿qué?

 

Los hallazgos de 2025 confirman que la libertad artística en América Latina está atravesada por patrones persistentes y superpuestos: agendas conservadoras y moralizantes que legitiman la censura desde posiciones de poder, y contextos de violencia criminal y control territorial que exponen a los artistas a intimidación y, en varios casos, riesgo letal. Estos patrones no operan en el vacío: a escala global, el informe documenta además cómo gobiernos en Georgia, Rusia y varios países del sur de Asia etiquetan a artistas y organizaciones culturales como "agentes extranjeros"; cómo la legislación antiterrorista se despliega contra creadores en Turquía, Myanmar e Irán; y cómo las leyes de blasfemia siguen criminalizando la expresión artística en Afganistán, Nigeria y Bangladesh. La represión tiene geografías distintas, pero una lógica compartida.

 

Lo que también emerge del informe, año tras año, es la resiliencia de los artistas. Siguen creando, organizando y resistiendo; a veces en la clandestinidad, a veces públicamente, con frecuencia poniendo sus vidas en riesgo. Pero el coraje de los artistas no puede seguir siendo el principal mecanismo de protección de un derecho fundamental. Sobre ellos recae una expectativa creciente de tomar posición y mantenerse en la vanguardia, sin que exista un compromiso equivalente de los Estados para garantizar su seguridad y las condiciones mínimas que necesitan para crear.

Porque los artistas no son solo creadores de obras: moldean el debate público, cuestionan el poder y hacen visible lo que el poder preferiría mantener oculto. Defender la libertad artística es, entonces, sostener las condiciones que hacen posible algo mucho más amplio: el derecho de todas las personas a crear, difundir, disfrutar y cuestionar, desde la subjetividad y la agudeza que el arte y la cultura nos brindan.

Y frente a un sistema internacional de normas que está bajo ataque constante, la pregunta no es solo qué hacen los Estados, es también qué hacemos nosotros como sociedad civil, como audiencias y como instituciones para que crear deje de ser un acto de supervivencia.

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Si quiere leer el informe completo, puede hacerlo aquí.

 

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