Indígenas y emprendedores se unen para impulsar la industria nacional de la marihuana para usos textiles

Diversificar los cultivos ilícitos como alternativa a lo pactado en el acuerdo entre el gobierno y las Farc es la propuesta central en la que se basa Inducáñamo, una alianza estratégica entre la Asociación de indígenas campesinos cultivadores de coca, amapola y marihuana para fines médicos (Asoiccamm) y Cannabis Jeans, un emprendimiento colombiano que aprovecha la fibra de cáñamo como principal materia prima para una producción textil sostenible.

Dicha alianza contó con la asesoría técnica del abogado Samuel Barrera y el sociólogo Lucas Pasos Abadía, ambos activistas cannábicos del colectivo Las plantas no son como las pintan. “El objetivo es conseguir los licenciamientos de cultivos de marihuana no psicoactiva para usos industriales”, explica Pasos Abadía, quien también precisa que hablando en términos de uso industrial, de la marihuana cuyo destino no será la traba de algún fumeta, se pueden aprovechar sus semillas para alimentos y cosméticos; de su tallo se pueden extraer fibras para producir papel, textiles y hasta materiales para la bioconstrucción.

“Vestirse es un desgaste para el planeta —sostiene Carlos Martínez cuando se le pregunta por las razones de creación de Cannabis Jeans—: con fibras de cáñamo no solo necesitaríamos la mitad de suelos de la tierra que se van con el algodón, sino que son prendas sin tratamiento químico que por sus telas inteligentes repelen agua y mugre, por lo que no deben lavarse tanto, reduciendo los procesos de contaminación. Además, el cáñamo también ayuda a oxigenar el suelo”.

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Que la marihuana no explotara antes su potencial industrial es culpa de la demonización que sufrió la planta en Estados Unidos entre los años 30 y 40, argumentan los activistas cannábicos. Y aun con la Ley de Impuesto de la Marihuana (que en 1937 prohibió todas las variedades de cannabis sativa, impulsando los cultivos de cáñamo no psicoactivo que datan como obligatorios desde 1619 en las colonias gringas) el golpe definitivo llegó en 1970, cuando la Ley de Sustancias Controladas condenó cualquier tipo de cannabinoide.

“La cosa es que como aquí siempre hemos estado regidos bajo lo que pase allá (Estados Unidos), pues nunca ha habido una verdadera apropiación local de nuestras plantas”, expresa Pasos Abadía, a lo que el dueño de Cannabis Jeans agrega: “Es increíble que se nos permita [por ley] importar materia prima, pero no nos dejen sembrar ni producir aquí. Con telas y fibras propias no solo bajaría el coste de producción, como el precio de nuestros productos, sino que podríamos entrar a competir con países como Chile o China, que es de donde nosotros importamos el material”.

Para los involucrados en la alianza, esta problemática se agudiza cuando no hay garantías que permitan desarrollar dicha industria en el país —o que, más bien, se esté dejando en manos extranjeras, como tantas otras—. “Si bien hay expectativa por parte de la comunidad indígena, ellos también están preocupados porque no hay nada que les asegure una diversificación en sus cultivos más allá de la sustitución de ilícitos planteada por el Estado”, dice este sociólogo que ha trabajado los últimos 10 años por los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas. Asegura, además, que el Estado no cuenta con personal idóneo para la implementación de la industria de fibra de cáñamo y que lo que se está dando es “un papayazo gigante para las multinacionales que con toda su experiencia vienen a instalarse aquí”.

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La inversión para una hectárea de fibra se acerca a los 20 millones de pesos y su ganancia está entre los 80 y los 120. No obstante, en dicha inversión no se contemplan los 537.291 pesos que puede costar la licencia, un precio que puede elevarse hasta los 30 millones dependiendo del tipo y modalidad que se solicite.

Algo es seguro: éste no es un proceso fácil ni barato. Carlos Martínez ya había querido trabajar en una alianza con indígenas y campesinos del Cauca, razón por la cual con los mismos asesores jurídicos desarrollaron un plan piloto hace dos años el cual, argumentan desde Inducáñamo, se vio truncado por la falta de experiencia, de asesoría institucional y de voluntad política.

“Hoy, agarrándonos de un parágrafo que desde lo nativo nos permite implementar un nuevo piloto experimental, podremos desarrollar el ejercicio de transformación de cannabis no psicoactiva a fibras útiles y demostrar que ésta puede ser una solución integral ante la sustitución planteada por el gobierno, que evidentemente está fallando, y así bajar las tensiones actuales, llevando  verdaderos reparos a las víctimas”, argumenta Pasos Abadía.

Pese a que hoy hay 30 y 20 hectáreas separadas que hacen parte de los planes de cultivo de la alianza, donde en vez de las robustas y acostumbradas matas de marihuana para el consumo recreativo hay cultivadas unas especies de tallo largo, prendas como las fabricadas por Cannabis Jeans siguen haciendo uso de fibra de cáñamo importada de China. Los artículos producidos por esta empresa, frente a la problemática que suscita la importación para la economía local, integran elementos artesanales aportados durante procesos sociales con madres tejedoras del Cauca.

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“El precio justo en este momento es 200.000 pesos [por pantalón], pero desde Inducáñamo creemos que de poder realizar todo el proceso en el territorio nacional de manera legal, los precios de esta artesanía disminuirían considerablemente”.

A Carlos Martínez, en una de las tantas asesorías a las que ha accedido en su proceso de consolidación como emprendimiento, le sugirieron dedicar su producto netamente a la exportación. ¿La razón? “Tal vez los colombianos no siempre valoran los productos locales —dice—, como sí lo hacen los extranjeros, por lo que sería mejor enfocarse en un mercado turístico, algo mucho más industrial también, en el que un cliente en Holanda o en Bélgica venga y te compre no sé cuánta fibra para bioconstrucción aquí y no made in China”.