La censura conservadora: cuando el poder decide qué es “apropiado”
La censura en América Latina no solo viene de los gobiernos o de estructuras criminales. Muchas veces, son las propias instituciones culturales, grupos religiosos o autoridades locales quienes deciden qué se puede ver y qué no. Bajo la bandera de los “valores”, el “respeto” o la “moral pública”, se han censurado obras críticas, incómodas o simplemente distintas. En 2024, los casos se multiplicaron.
En Puerto Rico, la obra Retratos de una deuda del artista Garvin Sierra fue retirada de la exposición Poli/gráfica, en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. La decisión vino directamente de la curadora, Lisa Ladner, quien consideró que la pieza —que critica la deuda pública y a las figuras responsables de la crisis económica— podía incomodar a autoridades locales y federales. Es decir: se censuró para evitar tensiones políticas. El mensaje fue claro: hay temas que es mejor no tocar.
En Perú, la censura vino desde una de las instituciones culturales más importantes del país: la Biblioteca Nacional. Allí se desarrollaba la exposición Puno en el Bicentenario: Cultura e Identidad, organizada por la Asociación Brisas del Titicaca. Entre las obras exhibidas estaban Puno sí es el Perú y Mi Puno en el Bicentenario, de Ruth Ingaluque y Juan Carlos Condori, que retrataban la lucha del pueblo de Puno tras las protestas de enero de 2023, donde murieron al menos 22 personas. Las autoridades de la Biblioteca exigieron que las obras fueran retiradas, amenazando con cancelar toda la exposición si no se acataba. El arte que interpela la memoria reciente sigue siendo incómodo para el poder.
Los intentos de censura también se cruzaron con discursos religiosos y conservadores que apuntan a la supuesta “moral pública”, especialmente cuando las obras abordan temas de diversidad sexual, género o etnicidad. En Brasil, el festival de cine LGBTQ+ V Transforma, que ya había recorrido otras ciudades sin incidentes, fue cancelado por el alcalde de Rio do Sul, José Thomé, quien argumentó que el evento violaba los “principios cristianos” de la comunidad. La medida fue celebrada por grupos religiosos y vista como una muestra de “defensa de la familia”.
En El Salvador, el Ministerio de Cultura prohibió la segunda función de la obra Inmoral, de la compañía teatral INARI. Se trataba de una pieza realizada en formato drag que abordaba temas de abuso sexual y emocional. Aunque la primera función se llevó a cabo sin incidentes, la presión de grupos conservadores logró que el Estado interviniera directamente y frenara la segunda presentación. Una vez más, la censura se impuso bajo la excusa de que no era “apta para familias”.
Estos episodios no son aislados. Responden a una tendencia que se repite en distintos países del continente: decisiones institucionales, presiones externas o autocensura por temor a sanciones. Detrás de cada obra censurada hay una conversación que se intenta silenciar. Y detrás de cada censura, una disputa por el derecho a imaginar, cuestionar y crear.
En el próximo bloque hablaremos de otro de los grandes actores que limitan la libertad artística en la región: el crimen organizado y su creciente control sobre la vida cultural en varios territorios de América Latina.
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