Después de la marcha: las luchas pendientes, incertidumbres y contradicciones de la comunidad LGBTI

Una vez más, la Marcha del Orgullo LGBTI tuvo lugar en Bogotá el pasado domingo primero de julio. Una vez más, los medios celebraron la diversidad y los diez años de una política pública distrital que, como la ve el Distrito, no ha hecho más que mejorar las garantías para una comunidad históricamente violentada por la institucionalidad. Una vez más, la gente salió a marchar para asegurar la presencia de sentimientos y pasiones que, en un medio hostil, tiene que convertirse en disidencia. Y, una vez más, los habituales atropellos aparecieron en un ambiente que, aunque festivo, todavía carece de total libertad.

La marcha transcurrió como de costumbre: ánimos caldeados, viejas y nuevas arengas, rostros de euforia durante el desfile que llegó a la Plaza de Nariño, una logística siempre mejorable y algunos hechos de violencia contra los manifestantes. Con todo esto, la particularidad de la marcha, marcada por el orgullo y la alegría, pasó por un mensaje de resistencia. Con pancartas alusivas al Gobierno electo y consignas que invitaban a una reflexión más crítica y responsable sobre el estado de la comunidad en la actualidad, los asistentes se movilizaron bajo el lema de #Niunpasoatrás y la convicción de no perder los triunfos ya logrados. La llegada de Iván Duque a la presidenciay la posible conformación de un gabinete y un programa que se ha mostrado hostil con las personas LGBTI y sus libertades, los mantiene en incertidumbre y, a ojos de ellos, pone en jaque logros como que haya debate respecto a temas como la adopción igualitaria, o que se hayan obtenido el matrimonio igualitario, la no discriminación en espacio público y la no persecución por parte de los agentes de la fuerza pública.  

Aunque en campaña Duque aseguró que su programa no limitaría las libertades de ningún ciudadano, para muchos asistentes a la marcha sus palabras fueron oportunistas y contradictorias, pues está trabajando al lado de Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Vivian Morales, Paloma Valencia y la sombra ineludible de Álvaro Uribe, férreos opositores de la adopción y el matrimonio igualitario y defensores de una idea tradicional de familia. A todo ésto se sumó la salida en falso que tuvo el ex presidente durante la campaña al llamar a las personas LGBTI como “no heterosexuales”. Con esto no solo desnudó su ignorancia sobre el tema, sino que también estableció una diferenciación negativa. Esto, como no, tuvo su lugar en las pancartas y arengas de la marcha, en la que los asistentes supieron resignificar la afrenta.

Toda esta nueva coyuntura en la arena política ha creado un escenario en el cual las cuestiones de urgencia por resolver por parte de las personas LGBTI, como lo son la revisión de la política pública, lograr la consolidación de escenarios de concentración de la comunidad y para la comunidad y que haya claridad en cuanto a la agenda del gobierno entrante en materia de derechos LGBTI, implican un trabajo que no se acabó con la marcha del domingo.

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“Una de las cosas que más nos preocupa es ver en el equipo de empalme del Ministerio de Justicia a Viviane Morales, quien ha sido una de las persecutoras de los derechos LGBTI. Es bien preocupante verla en un ministerio que tiene tanta incidencia en nuestros derechos y en la materialización de las políticas públicas en favor de las personas LGBTI. También nos preocupa mucho la posibilidad de que Alejandro Ordóñez sea una de las personas que vaya a reemplazar el cargo representativo en la Organización de Estados Americanos (OEA), comenta Alejandro Lanz, director ejecutivo de Temblores ONG, una organización que estuvo presente en la celebración del domingo y cuyo trabajo se centra en luchar contra la exclusión y marginalización social. 

La preocupación de la que habla Lanz respecto al coqueteo de Viviane Morales con este ministerio, pasa por saber en cabeza de quién va a estar esa política pública LGBTI nacional que tantos años habían esperado y que se logró con la expedición del Decreto 762 de 2018, firmado apenas en mayo de este año por Guillermo Rivera, actual ministro. “La política pública fue un ejercicio muy complicado en el gobierno de [Juan Manuel] Santos. Hubo mucha oposición por parte de los grupos cristianos: se enviaron más de 95 derechos de petición tratando de bloquear el proceso de construcción, publicación y ejecución de la política. Vamos a ver cómo va a ser este proceso de implementación. Por eso para nosotros es tan importante quién va a estar liderando el Ministerio del Interior, cómo va a ser el proceso de ejecución y cómo va a ser el ejercicio de territorialización de la política, porque es distinto ver cómo va a operar en las principales ciudades y en los lugares a donde el Estado no ha llegado”, dice Alejandro. 

Frente a la presencia de Ordóñez, los miedos pasan por su promesa de campaña: un proyecto de ley de objeción de conciencia con la que médicos, jueces y notarios podrían levantar barreras frente los derechos de la comunidad. Un punto preocupante que se suma, es que estas propuestas resultan populares entre la ciudadanía, revelando también la disposición de la población por acudir a recursos como la objeción de conciencia y así hacer efectivas posturas homófobas e intolerantes.

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Aunque el Distrito coordinó la marcha y la organizó bajo la consigna ‘La diferencia nos une’, grupos como la Colectiva Libertaria Severas Flores se desmarcaron y crearon su propio lema: ‘La disidencia nos hace fuertes’. “Stonewall (La serie de disturbios ocurridos en Nueva York en 1969 y el antecedente más importante de la lucha por los derechos LGBTI) no fue institucional y con esto nosotras queremos llamar a una relectura de las situaciones. Ocurra lo que ocurra con el nuevo Gobierno, nosotras creemos que el trabajo está en las bases y es ahí donde se debe actuar”, comenta Sebastián Patiño, integrante de la colectiva, quien agregó que el trabajo actual del grupo se centra en armar una articulación nacional de disidentes de la heteronorma, un punto fundamental que se reclama en la comunidad en estos días.

Por otra parte, Cristian Castillo, director del colectivo Stonewall Javeriano, señala que, aunque en materia de políticas públicas se ha avanzado bastante, aún quedan temas por resolver, entre ellos la cuestión estadística de la población LGBTI, sobre la que poco se conoce. Por ejemplo, en el censo que se está realizando, al igual que en ocasiones anteriores, no se están realizando preguntas directas sobre la población LGBTI, manteniendo así las dificultades y prejuicios en escenarios médicos, jurídicos y sociales. Además de esto, Cristian observa un vacío jurídico en instituciones como el Congreso, que no han querido tomar partido en los problemas de la comunidad. “Queremos y debemos hacer que se nos respeten los derechos. Pese a que se nos viene cierta incertidumbre, las cosas en Colombia van por buen camino y está en nosotros no permitir que los logros se echen para atrás”, señala Cristian.

Buscando generar vínculos entre universidades de todo el país, los grupos estudiantiles LGBTI planean realizar actividades para visibilizar los problemas de la comunidad y poder establecer una red que vaya más allá de Bogotá o de los círculos cerrados de cada universidad. Es el caso de Stonewall Javeriano y la Colectiva Libertaria Severas Flores que, vinculados a sus procesos independientes, buscan generar una red de comunicación con la que se puedan concretar y actuar sobre los temas que conciernen a la población LGBTI, así como reconocer las luchas internas y de urgente resolución que existen dentro de la comunidad.

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A propósito de los problemas de discriminación dentro de la comunidad, Cristian dice: “Si nosotros como comunidad no acabamos con la discriminación interna, no podemos exigirle nada a la comunidad heteronormativa”. Y es que a pesar de la celebración que se vivió durante todo el fin de semana, hubo un hecho de discriminación interna que ensombreció la marcha cuando a las trans se le impidió salir con su carroza. Aunque muchos no se enteraron durante la marcha, para varios de los asistentes lo que se vivió fue un caso de transfobia pues, dicen algunos asistentes, hay gais y lesbianas que muchas veces discriminan a las personas trans y no tienen en cuenta sus luchas, ni su lugar histórico dentro del movimiento.

Ese día, el vehículo en el que habían trabajado durante semanas los miembros de la Red Comunitaria Transy las trabajadoras sexuales trans del barrio Santa Fe, había pasado por diferentes controles de calidad. Sin embargo, según cuenta Tomás Espinosa, artista colaborador de la Red, faltando diez minutos para la salida unos agentes de policía enviados a petición del grupo organizador de la marcha revisaron la carroza y dijeron que esta no podía salir a causa de una llanta lisa. Mientras intentaban resolver la salida de la carroza, y en la cara de la policía, los equipos del DJ que estaban en este vehículo fueron robados. Pero al enterarse de que solo iría el DJ en la carroza y no las trans, la policía permitió que esta saliera, algo ya imposible pues no había equipos. A pesar de todo, la celebración continuó en el barrio, donde la fiesta trans invadió las calles que han visto caer asesinadas a tantas personas de la comunidad.

Si bien este 2018 se cumplen diez años de la implementación de la política pública LGBTI distrital y también se expidió el decreto nacional que adopta una política pública LGBTI a nivel nacional, para muchos esto no ha sido del todo efectivo y ha dejado de lado a grupos poblacionales como los trans, quienes han denunciado una persecución sistemática por parte de diferentes grupos, incluidos entes estatales. “La política pública ha logrado cosas, pero no con todos. En la comunidad hay una discriminación terrible por parte de los gais hacia los trans y eso tiene que cambiar. Nosotros hemos liderado proyectos como talleres en el Santa Fe y nadie del Distrito vino a visitarnos”, comenta Tomás, a la vez que asegura que estos espacios seguirán trabajando a pesar del temor que sienten frente a las políticas del nuevo Gobierno.

Con todo, la presencia del movimiento trans es cada vez más contundente y sus escenarios ponen en cuestión la discriminación de la comunidad e invitan a una mayor unidad de estos. Durante la inauguración del Ciclo Rosa el pasado jueves 28 de junio, la aartista trans brasileña Linn da Quebrada, uno de los referentes más importantes de la comunidad en América Latina, ofreció un concierto que convocó a distintas personas LGBTI y también participó en la primera proyección de Bixa Travesti el día viernes. Ambos fueron la antesala del mensaje de resistencia que se buscó dar después en la marcha. Llevando la bandera del terrorismo de género, Linn da Quebrada llamó a los asistentes a preguntarse por la comunidad trans dentro de su vida cotidiana. “Pregúntense ustedes a cuantas personas trans conocen, cuantas personas trans hay en su familia, a cuantas personas trans han besado, a cuantas personas trans han querido”, dijo Linn.

Escenarios como el Ciclo Rosa que promueven la visibilidad del cine con temática LGBTI son los espacios que necesita y reclama una comunidad que aún falla en la cohesión y en la resolución de las agendas de todos sus miembros. “Ser ‘terrorista de género’ tiene que ver con un sistema que opera a partir de la política del miedo, haciendo que todos los cuerpos que no han sido obedientes a la norma sientan miedo. Para mi, ser ‘terrorista de género’ significa devolver ese miedo, voltear la moneda de la violencia”, dice Linn con un argumento que cala muy bien en una comunidad que, a pesar de las agendas que aún no resuelve, ha decidido optar por una política del amor y la familia frente a una sociedad violenta.

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Por último, Alejandro Lanz también destaca que la comunidad LGBTI ha priorizado las luchas sobre el matrimonio y la adopción y ha dejado de lado agendas más importantes dentro de los derechos humanos para la comunidad, como es el caso de las trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas y las personas privadas de la libertad a causa de sus orientaciones. 

“Algo que nos preocupa desde Temblores ONG son las intersecciones entre los distintos movimientos sociales y las agendas conjuntas que podemos construir para luchar y hacer frente a estos cuatro años de gobierno de [Álvaro] Uribe, en cabeza de Iván Duque. Los movimientos sociales debemos construir agendas conjuntas frente a los temas que nos importan. Es diferente la manera en que se ven afectados los derechos de un hombre gay blanco de clase alta, a una mujer transgénero que hace uso de drogas, es trabajadora sexual y que es sistemáticamente perseguida por la fuerza pública. Aquí el movimiento LGBTI debe priorizar ciertas luchas que nunca ha priorizado”, comenta.