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Fotos de Daniel Sierra / @can.x_foto

Proteger a los artistas contra el abuso policial: la lucha de la Fundación Tripido

En agosto se cumplen diez años del asesinato de Diego Felipe Becerra, un caso de violencia policial que, aunque todavía irresuelto, ha dado pie a ejercicios de memoria y cuidado como el de la fundación creada por sus padres para proteger los derechos de artistas y ciudadanos víctimas del abuso policial.

@sinsecuencia

En el caño de la carrera 30 a la altura de la calle 58, en octubre del año pasado un grupo de artistas y ciudadanos nos reunimos para intervenir más de 120 metros con la frase S.O.S. GENOCIDIO COLOMBIA. La acción que se llevó a cabo en pleno pico de la pandemia, se realizó como respuesta a las masacres y los asesinatos que a diario evidenciamos en el país. 

El mensaje de la pintada incomodó a algunos. Si bien varias personas que pasaban en sus vehículos pitaban en señal de que estaban de acuerdo, otros nos gritaban que no fuéramos vagos y que mejor estudiáramos. Ya habíamos terminado los bloques y solamente nos faltaba echarle un powerline rojo cuando cayó la Policía. En esas, un compañero que estaba en medio de la acción colectiva sugirió que llamáramos a don Gustavo, quien llegó al rato, charló con los uniformados y de alguna manera los convenció para que nos dejara terminar.

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Gustavo Trejos

Don Gustavo no era otro que Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado en 2011.

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Tripido era el seudónimo con el que se conocía en la movida grafitera a Diego Felipe, un pelado de apenas 16 años que tenía todas sus ilusiones puestas en inundar Bogotá con el caracter que pintaba, el Gato Félix. Las noches de bombing terminaron para él el 19 de agosto de 2011, cuando un disparo proveniente del arma de dotación del patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá Wilmer Alarcón lo impactó por la espalda. 

Desde el momento en el que Alarcón le quitó la vida a Diego Felipe, sus padres Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo empezaron una ardua labor en busca de la justicia para mantener viva la memoria de Tripido. El aguante a los días de tristeza y el aguante de jornadas burocráticas no solo los convirtieron en un referente contra el abuso policial en Colombia, sino que también fueron transformándolos en gestores culturales claves que respaldan procesos relacionados al arte urbano e intervenciones callejeras tanto en la capital como en otras partes del país. 

Así, en 2011 los padres de Diego Felipe decidieron organizarse creando el Colectivo Tripido, un ejercicio desde el que empezaron a apoyar a jóvenes y cuyo enfoque en relación al arte callejero no tiene antecedentes a nivel nacional. La acogida y el reconocimiento que alcanzaron con esta iniciativa fue tal que tuvieron que conseguir más voluntarios para respaldar a quienes requirieran de los servicios del colectivo pionero en el país; en Colombia no existe otra fundación u organización que apoye el desarrollo y la promoción del arte urbano al tiempo que brinda ayuda psicosocial y se compromete con la protección de los derechos fundamentales de los artistas y las víctimas de abuso de autoridad.

Seis años de constantes atropellos llevaron a Gustavo, Liliana y el equipo del colectivo a crear legalmente la Fundación Tripido. “En el 2018 la demanda [de procesos por abuso policial] fue bien alta y para poder participar en las convocatorias creamos legalmente la fundación ante Cámara de Comercio en 2019, también con el fin de poder afianzar los procesos del Colectivo Tripido y la Red contra el Abuso de Autoridad - RedCAA”, cuenta Gustavo.

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Don Gustavo y doña Liliana. Foto cortesía de la Fundación Tripido

Hoy en día la Fundación Tripido está conformada por un grupo multidisciplinario de personas que le meten la ficha a este proyecto. Anderson Sierra y Juan Manuel Hermond son los encargados de los temas jurídicos; Liliam Garrido, Danna Riveros, Ángela Moreno y Daniel Franco, son los psicólogos que acompañan los procesos; Lina Marcela Castillo es la encargada de los proyectos de la fundación, y Liliana Lizarazo, la encargada de coordinar las actividades de la fundación.

(Lea ‘Así se organiza la práctica del grafiti en Bogotá desde las mesas locales’)

“Nuestro objetivo es proteger los derechos humanos y fundamentales y la protección de la ciudadanía contra el abuso de autoridad. La fundación se constituye como una red de apoyo a las víctimas de la violencia y brutalidad policial, la cual podrá consistir en ayudas de carácter material, asistencia moral, psicológica y jurídica de ser necesario. La idea es buscar rutas de atención y apoyo con otras instituciones gubernamentales o internacionales”, agrega Gustavo.

Aunque al principio el apoyo de la Fundación Tripido se enfocaba en artistas, con el paso del tiempo se han dado a conocer por muchas personas hostigadas por la fuerza pública. Actualmente, los servicios de la fundación están abiertos para cualquier ciudadano que sea víctima de abusos de autoridad institucional.

Dentro de los logros que han conseguido en estos años se destaca la realización de más de 1.500 piezas de grafiti en la que han trabajado cerca de 900 artistas. En cuanto a la labor de defensa frente al accionar desmedido de la policía, registran apoyo en 15 casos de homicidio, 50 casos de abuso de autoridad, un feminicidio, una desaparición forzada, 5 casos de lesiones personales, un caso de abuso sexual y 3 casos por retención ilegal.

Con todo, además del importante apoyo judicial que han recibido un gran número de víctimas y jóvenes con la labor de este proyecto, el arte continúa siendo uno de los ejes centrales de ejecución en medio de las acciones que desarrolla a diario la Fundación Tripido. Festivales como La Memoria A Través Del Arte, llevado a cabo en el puente de la calle 116 con Boyacá, dan cuenta de la necesaria articulación entre creadores y la fundación. En este festival, artistas de distintos rincones del país rinden anualmente homenaje a Tripido, no solo desde la pintura, sino también con otras expresiones artísticas como muestras musicales o teatrales.

Las intervenciones artísticas de la calle 80 con carrera 30, la toma de algunos puentes, la recuperación de un parque y un barrio en Ciudad Hunza, en Suba, Mentes en Movimiento (un proceso de formación en la práctica responsable del grafiti) y un abordaje al tema de salud mental, son apenas algunas de las actividades a las que la fundación le ha venido apostando.

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Todas las Vidas Valen fue la última acción a la que la fundación le metió el diente. El 2 de febrero de este año, 26 artistas urbanos aerosol en mano, le dieron vida al primer museo de memoria al aire libre de Colombia en la avenida Boyacá con calle 80, una acción organizada por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación en conjunto con la Fundación Tripido.

“En el caso del museo de memoria urbana Todas las vidas valen, se buscó incentivar la memoria colectiva a través del arte y llamar la atención de lo que está sucediendo con líderes sociales, firmantes del proceso de paz y víctimas de la Policía Nacional. Transversalmente se generó un proceso de reconciliación entre los artistas, la comunidad y la fuerza pública”, cuenta Liliana para quien los ejercicios artísticos son herramientas vitales para hacer memoria y no permitir que casos como el de su hijo queden en el olvido.

Por lo pronto, el equipo de la Fundación Tripido se propone seguir con varios de los proyectos que tienen andando y el objetivo que se plantean a mediano plazo es claro: pintar todos los puentes de Bogotá siempre con un componente de memoria.

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En agosto de este año se cumplen 10 años del asesinato de Diego Felipe y aunque el sinsabor va a ser eterno, Gustavo asegura que hasta ahora las victorias logradas han sido muchas. En cuanto al proceso penal son varios los logros: la condena de un subintendente y dos policías, y la del patrullero que asesinó a Tripido, quien fue condenado a 37 años y seis meses de prisión por el caso y quien está prófugo de la justicia desde hace 4 años.

En el proceso por la alteración de la escena del crimen hay 10 implicados: tres coroneles, un teniente, dos subintendentes, un patrullero, un abogado y dos testigos falsos, mientras que en el proceso disciplinario Gustavo habla de 6 destituciones policiales que corresponden al comandante de Suba, el comandante de un CAI y 4 más.

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Gustavo describe la relación de Liliana y él con los artistas urbanos de la ciudad como llena de camaradería, respeto y admiración mutua. “Liliana y yo recordamos en el 2013 con cerca de 800 artistas en las 24 horas de grafiti por el tema de Justin Bieber, que don Popo Ayara en compañía de ellos, en un círculo, nos dijo que nosotros éramos los padres de los grafiteros por todas las acciones que realizábamos”, cuenta.

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“Gustavo y Liliana en los últimos años se han convertido en figuras muy importantes contra los excesos y abusos que son tan crónicos por parte de esa institución. En el marco de una campaña de Puro Veneno íbamos a pegar unos carteles con unos mensajes contundentes y ese día hubo unos seguimientos raros al parche. — Comenta un integrante de uno de los colectivos de agitación gráfica local— Estábamos en un apartamento y vimos gente espiando. Salimos a la calle, éramos muchos en bicicletas y tablas y nos cogieron por el Ricaurte, nos detuvieron y nos llevaron a la Estación de Mártires donde hicieron un proceso riguroso de requisa y les tomaron fotos a nuestros cuadernos. En esa ocasión llamamos a Gustavo. Allá llegó el parche de la fundación y aunque no tenían nada con qué vincularnos ellos cumplieron un papel simbólico importante y fue un respaldo chévere”.

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Es difícil darse cuenta que el caso de Gustavo y Liliana no es único en el país. Otros padres víctimas de agentes del Estado han tenido que sobreponerse a la zozobra y en el camino se han convertido en activistas y defensores de derechos humanos. Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha, o Yuri Neira, papá de Nicolás Neira, asesinado en 2005 por el ESMAD, son un claro ejemplo de esto. Sin embargo, el ejemplo de ellos y otros padres y madres es un llamado de alerta doble para la ciudadanía: una exigencia por preservar la memoria de aquellos que nos ha arrebatado la violencia institucional y la urgencia de una reforma policial y social que acabe con la estigmatización hacia los jóvenes del país.

 

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