El medio ambiente en Bogotá no va a extrañar a Peñalosa

En las primeras décadas del siglo pasado fueron comunes en Colombia las urbanizaciones improvisadas y carentes de servicios públicos como consecuencia de la gran demanda de vivienda que había. La actividad constructora iniciada en Bogotá en las primeras décadas del siglo no fue suficiente para suplir dicha demanda y, según el estudio de la organización Misión siglo XXI, El futuro de la capital. Un estudio de prospectiva urbana, los 235.702 habitantes que había en 1928 requerían 29.963 casas (tomando como base una casa para ocho personas), pero sólo había 17.767, lo que arrojaba un déficit de 11.969 viviendas. <<Las viviendas fueron levantadas a través del sistema de autoconstrucción, con carencia de servicios públicos o vías de acceso. La ciudad vivía un crecimiento urbano explosivo, con un patrón de expansión altamente desordenado>>, se explica en el informe que salió a la luz en el año 1991.

Las primeras obras que afectaron los grandes lagos y humedales capitalinos fueron el Aeródromo de Techo, y años más tarde, la Avenida de las Américas, ambas desarrolladas en la década de los treinta. El resultado de estas construcciones fue el fraccionamiento de la laguna del Tintal en cuerpos de agua más reducidos que formaron los actuales humedales de Tibanica, La Vaca, El Burro, Techo y el lago Timiza. La fragmentación no sólo afectó el área física del lago sino que modificó el funcionamiento normal del sistema hídrico de la zona, afectando la flora y fauna natural. Bogotá hace no mucho tiempo era un territorio verde, rico en reservas naturales, pero empezando el siglo XX se desarrolló una fuerte expansión urbana que se agudizó en la década de los 70. 

Humedal El Burro. Foto de Daniel Sierra

Casi 50 años después, a Enrique Peñalosa le han llovido las críticas por el mal manejo que ha tenido su administración particularmente en asuntos relacionados al medio ambiente. El alcalde ha demostrado en repetidas ocasiones que su accionar respalda los intereses de algunos de los empresarios más poderosos en el sector de la construcción, como lo expuso el diario El Espectador, en el año 2016, cuando en un artículo dio a conocer que algunos de los financiadores de la campaña Peñalosa son propietarios de predios de la reserva Thomas Van der Hammen. Su proceder confirma todo el tiempo que este tipo es no solo un urbanista sino un adicto a la expansión del cemento.

Ante esta inconformidad y teniendo en cuenta que la administración de Enrique está a punto de culminar, hablamos con algunos personajes claves en temas ambientales en la capital y este fue el balance que hicieron frente a ciertos temas que competen a todos los ciudadanos.

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Reserva Thomas van der Hammen

Hoy, después de haber solicitado la sustracción para 12 vías que fragmentarían por completo la Reserva, la Alcaldía solo pudo solicitar la sustracción de 3, que aún no cumplen con los requisitos de ley, pues, según Sabina, quieren saltarse el proceso de licenciamiento ambiental de las vías, no presentar estudios de tráfico, entre otros. 

Si se llegase a llevar a cabo un proceso de urbanización de la reserva, se afectaría la Estructura Ecológica Principal (EEP), conocida como la Sabana de Bogotá. Explica Sabina que otros impactos se verían en “la conectividad ecológica de esa EEP, la regulación hídrica, la protección de los suelos más fértiles y la posibilidad de contar con una ciudad sostenible”. 

Foto de Giselle Osorio Ardila

La reserva, durante estos años de aguante, ha tenido muchas iniciativas ciudadanas para su defensa e impulso de la restauración, pero quienes están comandando la tarea están organizados básicamente en dos grupos: uno) la Veeduría Ciudadana para la Protección de la Reserva, desde la cual se adelantan acciones jurídicas, derechos de petición y la relación con las entidades; dos) el colectivo Sembradores van der Hammen, desde donde se impulsan acciones en el territorio, principalmente siembras, para avanzar en el gran reto que es consolidar la reserva.

“En este momento hay dos decisiones cruciales para el futuro de la reserva. Una es la decisión que tome el Consejo Directivo de la CAR frente a la sustracción de las tres vías que pide la Alcaldía. La otra decisión que pone en jaque la reserva es el POT”, señala Sabina, quien extiende la invitación a los ciudadanos para que a través de las redes ayuden a difundir la información y acompañen en las solicitudes a la CAR para que no vayan a aprobar sin los estudios y los requisitos de ley la sustracción o modificación de la reserva.

(Lea también La nieta de Thomas van der Hammen y su lucha por defender la reserva)

Río Bogotá

Para Alejandro Torres, un abogado que lleva más de 27 años trabajando por el medio ambiente de la ciudad, el gobierno de Enrique Peñalosa no hizo nada respecto al río Bogotá durante su gestión. “Él cree que porque va y se toma una foto con el Director de la CAR entonces ya hizo mucho. Quiere vender el río como un sitio de puertos en la navegabilidad, pero es un mentiroso, lo que quiere es beneficiar a sus financiadores urbanistas”, denuncia ‘El burro’, apodo que le puso la comunidad por su ardua labor en el humedal que lleva ese nombre.

Cuenta Alejandro que actualmente se ha reconocido la ronda hidráulica de la orilla del río 30 metros hacia afuera, sin embargo, este experto asegura que una ronda con esas características corresponde a ecosistemas de humedal, no para el río Bogotá, cuya ronda hidráulica debería ser de más de 100 metros a ambos lados. “Construyen en el valle aluvial (los 100 metros que deberían ser ronda) y eso representa uno de los mayores riesgos (...) Si el río se desborda va a ser una de las mayores catástrofes para localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy o Bosa”.  

Humedal Córdoba. Foto de Daniel Sierra

La solución para este lío es cumplir el fallo del río Bogotá: instalar las plantas de tratamiento de aguas residuales, proteger su cuenca alta, ver cuidadosamente de qué manera se organiza el tema de vertimientos por parte de la industria curtiembrera (la que convierte las pieles de los animales en cuero), así como el uso de fungicidas y plaguicidas. “Los POT de los municipios integrantes de la cuenca deben tener unas zonas de estructura ecológica principal, sumadas a la zona de rodas, que evite más daños ambientales, y el POMCA (Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca) tiene que ser un determinante ambiental para reglamentar los POT y así no trapear sin haber barrido”, explica.

Pero no todo se lo podemos dejar a las políticas públicas. Lo que hacemos desde la individualidad es determinante y si no tomamos medidas con respecto a nuestro consumo y manejo de residuos terminamos convirtiéndonos no solo en cómplices de la destrucción, sino en protagonistas de ella. Lo mínimo, de nuestra parte, es que no arrojemos residuos a los sistemas de drenaje y alcantarillado, tampoco aceite usado de cocina por el sifón. Asimismo es importante abolir el uso de cloro en nuestra vida doméstica. Además, dice Torres, necesitamos tomarnos el tiempo para ir y “conocer el río porque solo se defiende lo que se ama”. 

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Humedales

La administración de Peñalosa constantemente ha priorizado obras civiles. Y no es la primera vez, ya en su anterior gobierno (1998-2000) lo había demostrado. Para Byron Calvachi, biólogo consultor ambiental experto en manejo de ecosistemas acuáticos como ríos, quebradas y humedales; Peñalosa sólo corroboró con sus acciones la percepción que tiene acerca de intervenir en estos cuerpos de agua con el argumento de que es un modelo de recuperación. “Lo que ha hecho es nefasto para los humedales de mayor importancia, como lo son Juan Amarillo y Jaboque, en donde hizo unos senderos de cemento innecesarios. Al ser los humedales de mayor tamaño en la ciudad, eran los que tenían mayor espacio para la biodiversidad”. 

La finalidad de los humedales es suplir unas necesidades ambientales, entre los que están: mitigar las inundaciones, mejorar la producción y los ciclos bioquímicos que ahí se dan para, asimismo, favorecer la adaptación al cambio climático. No obstante, la gestión que se hizo con los humedales no ha sido la mejor por lo mismo que en los puntos anteriores: beneficiar a unos cuantos sin pensar mucho en las consecuencias ambientales que estas decisiones traen consigo.

Humedal Juan Amarillo. Foto de Daniel Sierra

“Este señor definió como modelo de recuperación hacer unos senderos enormes, llenar de cemento, ladrillo y adoquín los espacios que habían sido destinados, por normativas, a la recuperación del área forestal protectora de los humedales. Esa área es destinado para bosques que protegen el humedal y los documentos técnicos que existen al respecto hablan de que esos bosques son parte de los ecosistemas hídricos, cumpliendo una parte importante en los ciclos de reproducción de especies y en la oferta alimenticia, además, son refugios donde la fauna encuentra hábitat”, explica Calvachi. Actualmente se conoce que especies como el cucarachero de pantano o la Tingua bogotana, que solían vivir en los bosques de rivera que Peñalosa ordenó cementar, se encuentran amenazadas y con este tipo de acciones se ha acabado con la posibilidad de que estas especies se mantengan con vida en la ciudad.

Para Byron Calvachi, el riesgo principal es el cambio climático, pues vienen aguaceros torrenciales que pueden traer el agua que caía en un mes, en un solo día. Según Calvache, es posible y probable que vengan inundaciones catastróficas en la Sabana de Bogotá, algo que ya se vivió en el 2016. “Los humedales no van a tener capacidad de responder para mitigar y seguramente van a venir inundaciones en sectores importantes de la ciudad”, asegura este especialista, que pide al ciudadano responsabilidad al momento de ejercer su derecho al voto para que no pase esto con los ecosistemas. 

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Calidad de aire

“Realmente no se hizo mucho. El plan decenal de descontaminación, que no se había cumplido, lo derogaron y lo convirtieron en algo cosmético: todo se volvió voluntario, es decir, cada quien mira de qué manera aporta a la calidad del aire”, cuenta Daniel Bernal, ingeniero electrónico, activista ambiental y experto en el tema de la calidad de aire en Bogotá. El fin de dicho plan es establecer un programa integral de descontaminación del aire que permita que en la totalidad de la zona urbana del Distrito Capital se logre el cumplimiento de la norma nacional de calidad del aire establecida por el Ministerio de Ambiente, sin embargo, ante la derogación, se buscaron nuevas alternativas como un ejercicio que esta administración llama ecoconducción, que consiste en enseñar a los conductores a manejar de manera menos revolucionada para así quemar menos combustible para que sus vehículos produzcan una menor cantidad de humo, y esto, desde el punto de vista de Bernal, es una implementación absurda. 

Por otra parte, para Daniel Bernal, el dilema con Transmilenio radica en la no renovación de la flota, porque los buses se debieron haber renovado hace 9 años y al no hacerlo, se normalizó que muchos de esos “buses chimenea” continuaran rodando. Esos vehículos se conocen como buses chimenea, automotores que no los detiene la Policía y que realmente no se sabe cómo es que pasan las revisiones técnicas, mecánicas y de gases. “Transmilenio es probablemente el sistema de transporte más contaminante del mundo según un estudio de la Universidad de los Andes y uno de La Salle”, explica Bernal.

Las urgencias, según este experto, son: mejorar la red de monitoreo oficial que se cae frecuentemente y los censores no tienen las acreditaciones que deberían tener, crear una mesa de diálogo frente al tema de calidad de aire o tener algún tipo de acercamiento con la sociedad civil, y empezar a monitorear todas las zonas de la ciudad ya que hay muchas que todavía ni siquiera se monitorean.

Arbolado urbano

“En Bogotá hay un déficit de arbolado per cápita. Por cada habitante necesitamos de 7 a 9 árboles, y en este momento contamos con 3 árboles por habitante. El estado actual es déficit de arbolado a nivel urbano”, explica Dib Hadra, periodista, activista climático y director de la agencia de conservación Zero es Uno.

Para Dib, la vocación del espacio público no solo debe ser para recreación, sino también para la conservación y la gestión de la biodiversidad. Durante la administración de Peñalosa, -según afirma la Concejal María Fernanda Rojas- se han autorizado 34 mil talas, de las cuales la tercera parte ya han sido ejecutadas (11.394 árboles demolidos), generando así la inconformidad de las comunidades afectadas. Uno de estos episodios ocurrió en el Parque Japón, al norte de la ciudad, en donde vecinos del sector aseguraban que se quería hacer una cancha sintética, sin embargo, cuando la comunidad respondió protestando, la represión policial fue fuerte con el fin de dispersar a los protestantes. “El derecho a consulta previa debe legitimarse en todos los procesos que involucren a las comunidades y su entorno. Más consulta previa y menos uso indiscriminado de la fuerza”, dice Dib.

Humedal Córdoba. Foto de Daniel Sierra

El paso a seguir según Hadra es reconocer los árboles como sujetos de derechos, además de facultar a la población para llevar a cabo siembras masivas y decretar los parques como reservas climáticas y patrimoniales. La idea es, según Dib, que haya un cambio de visión que unifique el corredor verde y no únicamente las carreteras, aspirar a una ciudad peatonal y sostenible. “Estamos hablando de reservas climáticas, bosques urbanos y prioridad en mitigación del cambio climático. La ciudad es para todos, incluidos los animales y las plantas”, concluye.