Nuestros indígenas exigen las conclusiones del acuerdo de paz

Cuando caía la noche y la Marcha de las Flores del pasado miércoles 12 de octubre había desembocado casi por completo en la Plaza de Bolívar, desde la tarima hicieron una propuesta: “Abrace al que tenga al lado, vamos a unirnos todos por la paz”. A mi lado no había nadie y tampoco tenía ganas de abrazar a un desconocido. No obstante, sentí una mano que tocaba mi hombro. 

“¿Quiere unirse al abrazo con nosotros?”, me preguntó una mujer joven, que estaba acompañada de su esposo y su hijo de 4 años. Acepté. Ella, Mirta Andrea Pasto, indígena yanakona, había viajado desde el Cauca con su familia y otras personas más de su cabildo para demostrarles a Bogotá y al país entero que los pueblos étnicos iban a seguir luchando por la paz y la autonomía en sus territorios, como lo han hecho desde hace siglos. 

“De 1999 a 2002 estuvimos totalmente desamparados por el Estado y convivimos diariamente con la guerrilla, el Ejército, los paramilitares y otros grupos armados. Cada 8 días moría gente a manos de alguno de estos actores. Desde que las FARC iniciaron el cese y luego se sumó el Gobierno, la vida cambió asombrosamente”, me explica Mirta. 

Foto cortesía de Juan Sebastián Zapata

Antes del Acuerdo Final, los pueblos indígenas ya habían firmado tres acuerdos de paz con las FARC. Según cuenta Jubenal Arrieta, uno de los delegados de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) para la Comisión Étnica en La Habana, el primero en firmarse con esta guerrilla fue el ‘Acuerdo de La Uribe’, en 1989. 

“Se firmó entre las autoridades de la ONIC del momento y Marulanda, Jacobo Arenas, entre otros, de manera clandestina”, asegura Jubenal. Este se basó en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas sobre su territorio, en el Norte del Cauca.  

El segundo es el más conocido, firmado entre el pueblo nasa del sur del Tolima y las FARC, en 1996. “A pesar de que había una fuerte desconfianza, se lograron abordar temas humanitarios fundamentales. Se trataba de conservar la vida misma, no solo de los hermanos nasa, también de los guerrilleros”, cuenta Edgar Velasco Tumiñá, delegado de las Autoridades Indígenas Gobierno Mayor para la Comisión Étnica. 

“Se basó en el reconocimiento y el respeto al otro. Por un lado, el grupo subversivo reconoció la autonomía territorial y cultural de la comunidad. Por el otro, el cabildo admitió la existencia de un conflicto armado interno tiempo antes de que el Estado lo hiciera, y reconoció la presencia de las FARC en esos territorios”, me explica Edgar sobre el proceso del Cabildo Nasa Wes'x, que hace parte del Gobierno Mayor. 

Por último, paralelamente a los diálogos en La Habana, la ONIC firmó de nuevo un acuerdo con las FARC en Cuba, en 2014. “Cuando se firmó el del 89, tiempo después lo empezaron a violar comandantes más nuevos, alegando que no lo conocían. Vimos entonces la necesidad de un nuevo acuerdo. Desde el 2014 hasta ahora no ha habido asesinato de indígenas por parte de las FARC y esperamos que no vuelva a haber ni uno”, comenta Jubenal Arrieta. 

Por su parte, Edgar Velasco cuenta también que estas experiencias de negociación se han dado en varias partes del país, ya sea de manera oral o por escrito. 

Foto de Cristiam Cubillos

Con este bagaje, y siendo consientes de la importancia de lo que se negociaba en La Habana, los pueblos indígenas se dieron a la tarea de aportar a la discusión. Exigieron pues la participación a través de un comité étnico del que hicieron parte la ONIC, el Gobierno Mayor y otras tres organizaciones, en representación de indígenas y afrocolombianos. 

Así, sobre los seis puntos del acuerdo entre el Gobierno y las FARC desarrollaron propuestas propias que incluyeran un enfoque diferencial, lo que concluyó con la inclusión de un Capítulo Étnico en el acuerdo. “Las políticas que tengan que ver con desarrollo, víctimas, justicia, derechos humanos, cultivos ilícitos y participación política deben contar con un marco jurídico que permita una inclusión efectiva de los pueblos étnicos respetando su legislación especial y sus particularidades culturales”, afirma Jubenal. 

Entre otros puntos concretos, el capítulo intenta blindar el derecho a la consulta previa cuando las políticas de desarrollo del país puedan afectar sus territorios, garantizando el conocimiento libre e informado y su participación en cómo puede ser el impacto en sus comunidades. 

También contempla que se deben corregir las violaciones que ha hecho el Estado a los derechos de los indígenas y en materia de participación política permite que puedan disputar las seis curules para la Cámara otorgadas a aquellos territorios altamente golpeados por el conflicto y marginados por el Estado. 

“Si hay presencia de grupos étnicos en esas regiones, nosotros podremos participar y competir por esas curules, del mismo modo que la sociedad civil”. Jubenal es enfático en que estas son diferentes a las 10 que podrían tener las FARC de manera directa. “Dentro de las comunidades sacamos las ideas y se fueron reformando en instancias superiores. A nivel local participó toda la comunidad, los niños, las mujeres y los hombres, a través de comités o grupos de convivencia”, comenta Mirta. 

Foto de Cristiam Cubillos

Cada pueblo tiene su propia noción de paz, pero a grandes rasgos todos coinciden en la importancia del territorio. “Los emberá la definen en lengua, pero puede traducirse como estar en equilibrio y tranquilidad con el entorno. Depende de la lengua y cosmovisión de cada pueblo” explica Jubenal. 

No solo las experiencias previas contribuyeron a los puntos planteados en La Habana. El consejo constante de los mayores fue fundamental. Uno de los responsables directos del acuerdo de los nasa, Ovidio Paya, estuvo asesorando a los representantes del Gobierno Mayor sobre las dificultades de estos procesos y la construcción de confianza. “Los saberes y conocimientos se imparten a través de la oralidad. Entre los guambianos o misak la palabra se comparte al lado del fogón o en las zonas donde se trabaja. Así nos transmiten los saberes de cómo vivir en familia, en la vida política y cultural”, comenta Edgar.

Del mismo modo, los sabios espirituales contribuyen también a la construcción de paz. “Trabajan para equilibrar los problemas humanos que tenemos entre nosotros y con la madre tierra. El conflicto colombiano ejerce una gran violencia contra ella y los sabios tienen la responsabilidad de orientarnos para trabajar estas problemáticas política y espiritualmente” agrega. 

La guardia cívica o indígena —el nombre puede variar según el pueblo y territorio— juega también un papel clave para garantizar la paz y autonomía. “En nuestro caso, la guardia civil nació hacia 1980, en Guambía (Cauca) alrededor de la recuperación de tierras. Salvaguardaban a la comunidad cuando por esta razón había enfrentamientos con el Ejército”, recuerda Edgar.

Aclara que para los guambianos la guardia cívica trabaja solo cuando la situación lo requiere, a diferencia de la guardia indígena de los nasa, por ejemplo. Esto demuestra que se puede ejercer control territorial sin armas, aunque para esto hay diversos mecanismos, también dependiendo de cada pueblo. 

Aunque en su papel la guardia no actúa sola. Están bajo el mandato de los cabildos y actúan cuando la situación lo requiere. En casos de enfrentamiento toda la comunidad los respalda. 

Foto de Cristiam Cubillos

A las guardias se ingresa de manera voluntaria. Hay desde niños y ancianos hasta mujeres. “Nosotros crecimos escuchando los enfrentamientos y las bombas. Desde niños tenemos un sentimiento de proteger la vida, pero solos o solo en nuestra familia no es posible. Así como tenemos un derecho mayor a nuestros territorios, todos tenemos el deber mayor de defenderlos” explica Edgar.   

Cuando los niños mismos eligen ser de la guardia en las movilizaciones ratifican también la apropiación por su cultura y territorio. Uno de los problemas más grandes que ha dejado el conflicto ha sido el reclutamiento de jóvenes afro e indígenas para la guerra. 

Según Jubenal Arrieta, el 60% de las filas guerrilleras está compuesta por pueblos étnicos. Para los indígenas es alrededor del 30% y la mayoría son muy jóvenes, casi niños. Por esto no solo era importante incluir un enfoque étnico en los acuerdos con las FARC, también un programa diferencial para la reinserción. “Aquellos miembros que estén en la insurgencia que sean de pueblos indígenas y quieran retornar de manera voluntaria, serán atendidos para su resocialización social y cultural para que se los acepte sin estigmatización”, comenta Jubenal sobre ‘Regresa a casa’, un programa que viene trabajando la ONIC desde hace un tiempo. 

Foto cortesía de Juan Sebastián Zapata

“Nuestros hermanos que han creído que desde las armas podía ser posible un cambio han contribuido a afectar la vida y la tranquilidad de sus pueblos, pero hemos dicho que los vamos a perdonar y recibir para que se conviertan en promotores de paz”, dice Jesús Chávez, miembro del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR).

“La paz empieza por casa” dice Mirta mientras acaricia a su hijo, emocionada al ver la Plaza de Bolívar llena de caras tan diversas. “Cuando se pierde el respeto a los demás no nos importa lo que sientan y así es más fácil violentarlos. En nuestra casa empezamos a construir enseñándoles a nuestros hijos el amor por el hogar, la familia y el territorio. Desde que el amor florezca podemos construir paz”.