El arte como resistencia: una lucha por la libertad de expresión en Nicaragua
Desde 2018, Nicaragua vive una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente. Bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el arte, tradicionalmente una herramienta de resistencia y expresión, se ha convertido en el blanco de la represión estatal.
A seis años del estallido de las protestas de abril de 2018, surgidas a raíz del creciente descontento de los nicaragüenses por la corrupción y los abusos a los derechos humanos del régimen Ortega-Murillo, y desencadenadas por el anuncio de reformas al sistema nacional de seguridad social que pretendían aumentar las contribuciones ciudadanas y recortar las prestaciones, más de 300,000 nicaragüenses se han visto forzados al exilio. Entre ellos, se encuentran artistas y trabajadores culturales que enfrentan un dilema constante: autocensurarse para sobrevivir y crear en un entorno donde resulta casi imposible determinar qué temas pueden abordar en sus obras o compartir con su público sin temor a represalias legales, o abandonar su país para continuar su labor creativa desde el extranjero.
En el informe Ecos de Libertad: el arte como voz de resistencia en Nicaragua, elaborado por las organizaciones Artistic Freedom Initiative (AFI) y CADAL, se recopilan los relatos de 13 artistas y trabajadores culturales nicaragüenses que han sufrido acoso, vigilancia, amenazas, detenciones arbitrarias, deportación, destierro, desnaturalización y represión transnacional. Sus testimonios revelan cómo el régimen utiliza leyes represivas, amplias, vagas y subjetivas, y el exilio forzado como herramientas para silenciar a las voces críticas, afectando no solo las vidas de los artistas y sus carreras, sino también el sector cultural del país.
Un sector cultural desmantelado
Desde el inicio de las manifestaciones en 2018, el régimen de Ortega-Murillo ha implementado una estrategia sistemática para debilitar y desmantelar las organizaciones de la sociedad civil (OSC), con el objetivo de reprimir y controlar las voces disidentes. En 2022, esta ofensiva se intensificó mediante la promulgación de leyes diseñadas para desarticular por completo la sociedad civil. Entre 2018 y 2022, el régimen clausuró 81 iniciativas culturales, forzando la salida de las pocas organizaciones independientes que operaban en el sector artístico y cultural de Nicaragua.
Las siguientes leyes han sido utilizadas para restringir los derechos de asociación de las OSC, afectando particularmente a agrupaciones artísticas y culturales:
Ley N.º 977: Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (2018). Esta ley impone requisitos estrictos y complejos para las OSC, como la presentación exhaustiva de documentación de actividades e informes financieros.
Ley N.º 1040: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (2020). Obliga a individuos y organizaciones que reciban financiamiento extranjero a registrarse como "agentes extranjeros". La falta de informes periódicos sobre sus actividades y finanzas puede llevar a la pérdida de su estatus legal y su capacidad de operar en Nicaragua. Además, prohíbe explícitamente la actividad política a quienes estén registrados bajo esta categoría.
Ley N.º 1115: Ley General de Regulación y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro (2022). Establece una supervisión estatal rigurosa sobre las OSC y faculta al gobierno para revocar su personalidad jurídica en caso de incumplimiento. También prohíbe explícitamente cualquier actividad política de estas organizaciones.
Como resultado de esta campaña de represión, para finales de 2022, más de 3.700 OSC habían sido canceladas o cerradas, incluidas numerosas agrupaciones artísticas y culturales.
El impacto de estas medidas va más allá del cierre de espacios culturales, ya que quienes aún permanecen en el país, se ven obligados a trabajar en la clandestinidad y el anonimato, enfrentándose al dilema constante entre permanecer en silencio o arriesgarse a sufrir represalias.
El exilio como castigo y la represión transnacional
Desde abril de 2018, miles de nicaragüenses han huido del país debido a la represión estatal tras las protestas contra el régimen de Ortega-Murillo. En el informe se detallan tres oleadas de migración forzada de artistas y trabajadores culturales nicaragüenses que fueron perseguidos durante el período de represión, entre ellas la huida de artistas en peligro en 2018-19, las detenciones y la expulsión forzada de varios artistas como consecuencia de la represión estatal de la expresión en 2022, y la desnaturalización forzada y la apatridia de artistas a partir de 2023.
En el marco de esta migración forzada artistas y trabajadores culturales han enfrentado múltiples obstáculos relacionados con la falta de recursos, la reconstrucción de sus carreras y la búsqueda de comunidad en el exilio, mientras enfrentan el temor persistente a que sus acciones o palabras puedan conducir al daño o la persecución de sus familiares que aún viven en Nicaragua. Algunos de los testimonios de artistas y trabajadores culturales exiliados, detallan cómo fueron blanco de represión transnacional destinada a castigarlos y silenciarlos, y/o manipularlos para que realizaran ciertas acciones.
Entre las leyes más restrictivas y arbitrarias implementadas por el régimen Ortega-Murillo contra las voces disidentes destacan la Ley N.º 1145 (Ley Especial sobre la Pérdida de la Ciudadanía Nicaragüense) y la Ley N.º 1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz). La Ley N.º 1145 permite despojar de su nacionalidad a quienes sean acusados de traición a la patria, mientras que la Ley N.º 1055 faculta al gobierno para calificar como "golpistas" o "traidores a la patria" a personas que realicen actos considerados como lesivos a los "intereses supremos de la nación".
Ambas leyes han tenido un impacto devastador, especialmente en la vida y las carreras de artistas y otras figuras públicas, al violar el derecho fundamental a la nacionalidad, consagrado en el artículo 20 de la Constitución de Nicaragua. Además, el despojo de la nacionalidad suele ir acompañado de la eliminación de los registros de identidad, lo que restringe el acceso a derechos básicos y servicios esenciales, como la seguridad social o la posibilidad de solicitar una nueva nacionalidad en el extranjero.
Algunos casos que evidencian esta práctica represiva son:
En febrero de 2023, pocos días después de la aprobación de las Leyes N.º 1145 y N.º 1055, el régimen nicaragüense despojó de su nacionalidad y deportó a más de 300 presos políticos y disidentes. Entre ellos, 94 eran ciudadanos exiliados, incluyendo figuras destacadas como la reconocida escritora Gioconda Belli y el escritor e intelectual Sergio Ramírez.
En septiembre de 2024, 135 presos políticos, incluyendo los artistas Kevin Laguna Guevara (Vink) y Oscar Danilo Parrilla Blandón (Torch Místico), también fueron expulsados y despojados de su nacionalidad nicaragüense.
En noviembre de 2024, los músicos Nieves Martínez y Dagoberto Palacios, junto con el flautista Juan Pablo Rosales, fueron detenidos arbitrariamente en Masaya, trasladados al centro penitenciario "El Chipote", y posteriormente desterrados. Nieves y Dagoberto fueron enviados a España, mientras que Rosales fue trasladado a EE.UU. Además, los tres fueron despojados de su nacionalidad.
El informe Ecos de Libertad resalta cómo esta práctica no solo busca silenciar a los disidentes, sino también enviar un mensaje de advertencia a quienes consideran seguir sus pasos.
Una resistencia que no se apaga
A pesar de la persecución, los artistas entrevistados mantienen la esperanza. Para ellos, el arte sigue siendo una herramienta de resistencia y una forma de imaginar un futuro mejor. “El arte no es solo protesta; es una forma de demostrar que seguimos aquí,” afirma uno de los artistas entrevistados en el informe.
Link al informe: https://www.cadal.org/publicaciones/informes/?id=17059
