Así trabajan los abogados cannabicos colombianos

Antes de entrar al despacho, ubicado en un edificio del centro de Bogotá a pocos metros del Palacio de Justicia, el Congreso y la Catedral Primada, Daniel invita a unos clientes a la terraza del edificio. Vienen a asesorarse en el caso de un amigo que está encarcelado por “tráfico y posesión de estupefacientes”.

El ritual antes de meterse a analizar los entramados legales y líos judiciales que caen en su escritorio es echarse unos plones de marihuana con sus invitados, mientras admiran el cerro de Monserrate o el correr de la gente en la Plaza de Bolívar. Después, saca papeles, expedientes y los códigos legales que hagan falta. El Código Penal siempre está a la mano.

Pero Daniel solo es una cabeza más de un proyecto de cuatro abogados de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, alma máter de presidentes, políticos y toda suerte de dignidades nacionales. Desde antes de graduarse, por allá en 2010, estos tipos vieron un vacío en el asesoramiento jurídico de las personas que tienen alguna situación de conflicto con el uso de sustancias psicoactivas.

Ante esa ausencia, y cansados del abuso de autoridad que vivían día a día, se dedicaron a estudiar las normas aplicables en su grupo de estudios, una alternativa al observatorio de drogas, que ya contaba con el reconocimiento de la facultad. Ellos, por su parte, no tenían el visto bueno de la facultad, y sus actividades provocaban recelo entre los compañeros de aulas. Hoy, ya apartados de la academia, prestan sus servicios con tarjeta profesional en mano bajo el nombre de Fundación Miguel Ángel Vargas (FUMAV).

“El nombre es en homenaje a un joven que, por tener problemas de uso de sustancias, fue víctima junto a su familia de un centro de “rehabilitación” liderado por un psicópata que, sin ningún tipo de profesionalismo, torturó, abusó y asesinó a pacientes en Bogotá”, explican. El caso del que hablan sigue siendo discutido en un juzgado penal.

Dentro de la FUMAV, que además fomenta la pedagogía en torno a las sustancias, tienen un consultorio jurídico, el #CorresponsalPsiconauta —seudónimo con el que firman en sus correos—. Bajo esta figura se encargan de asesorar a personas que tienen relación con la cannabis, ya sea recreacional, terapéutica o industrial.

Pero mucho antes de estar titulados empezaron a ejercer lo que ellos llaman “derecho cannabico”, un conjunto de normas para la defensa legal del uso de la marihuana, tomando distancia del uso de drogas duras como el bazuco, la heroína y la cocaína.

“No se requería tarjeta profesional para velar por la justicia, bastaba con documentarse bien sobre las normas que trataban el tema”, explican sobre el primer caso en el cual su intervención fue crucial.

Eso fue hace seis años. En aquel entonces impidieron que una pareja de novios fuera retenida por dos policías mientras estaba echada fumando marihuana en el parque de un conjunto cerrado de apartamentos, viendo tranquilamente la puesta del sol en el Centro de Bogotá. Los tenían ya esposados cuando un miembro de FUMAV, que estaba cerca del lugar, se acercó a preguntarle a uno de los uniformados por qué los retenían.

“A todo el que vemos fumando en la calle lo llevamos a la URI para judicializar. Nos basamos en la ley esa que dice que fumar es un delito”, fue la respuesta del policía.

“Ninguna ley dice lo que usted acaba de asegurar. La ley 30 de 1986 (el Estatuto Nacional de Estupefacientes) reconoce que solo es delito cuando se trafique con la cannabis, pero ellos solo estaban usándola libremente”, contrapuso el en ese entonces estudiante de Derecho.

La respuesta desconcertó al policía, quien le pidió la tarjeta profesional al muchacho. El alboroto llamó la atención de la administradora del conjunto residencial, que terminó echando a los policías por ingresar sin orden judicial a propiedad privada. Antes de retirarse, les quitaron las esposas a los novios.

Casos como ese les llegan al despacho todos los días: van desde la intervención por un caso de reclusión en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) o la defensa jurídica para lograr la libertad de una persona que usa la cannabis para elaborar productos artesanales médicos.

Esto ocurrió con Camilo Borrero, el director científico de Cannamedic, una empresa de marihuana medicinal que, como reportó en su momento el diario El Espectador, fue arrestado por la policía mientras transportaba más de dos kilos de marihuana entre Tocancipá y Sesquilé en febrero del año pasado.

La defensa jurídica de los muchachos de #CorreponsalPsiconauta logró demostrarle al juez, después de armar todo un rompecabezas de hechos, que el uso de la cannabis que hacía Camilo —cuya actividad empresarial con la planta ha sido destacada incluso por el congresista Juan Manuel Galán— estaba lejos de ser uno de los establecidos como delito en la ley de estupefacientes.

“Un trabajo conjunto con el fiscal delegado —que lo acusaba de traficante— y una exposición sin precedentes ante el juez, permitió demostrar que su uso era para fines médicos y así evitar la criminalización, una práctica judicial muy común en el país”, explican.

Hoy, Camilo está libre y sigue adelante con su empresa. “Al final, el juez reconoció que es el Gobierno el que está en mora con mi trabajo y mi estudio científico”, dijo Camilo en su momento, además de reconocer el trabajo profesional que hizo la FUMAV en su caso.

Una de las situaciones que mas hace totear el teléfono de #CorreponsalPsiconauta para una asesoría urgente es el traslado a la UPJ, como le sucedió a Lenin Sánchez, un estudiante de la Universidad Libre el mes pasado.

“Estaba armando unos porros con unos amigos cuando llegaron unos policías al parque. Nos montaron a cinco personas en la parte de atrás de una camioneta Duster. Yo llamé al parcero (uno de los miembros de FUMAV) y él hizo efectiva la sentencia (la C-720 de 2007 de la Corte Constitucional, que establece cómo debe ser el proceso de retención transitoria en UPJ)”, cuenta Lenin.

Finalmente, la intervención urgente de FUMAV logró que Lenin y sus amigos fueran retenidos en la UPJ solo durante una hora, y no las 24 que se aplican a los trasladados a este lugar. En este caso, lograron demostrar que no estaban transitoriamente incapacitados o gravemente exaltados como para atentar contra sus propios derechos o los de otras personas, que es cuando es ajustado a la ley que la policía aplique la retención transitoria.

Los casos más light que atienden en la fundación son sobre nuevas empresas cannabicas que quieren formalizarse ante Cámara de Comercio, o investigaciones sobre la posible responsabilidad estatal en la regulación de los centros de rehabilitación. Para ellos, este tema no se ha reglamentado en Colombia y presenta una problemática que es desconocida por las leyes.

“La campaña adelantada por la FUMAV les ofrece a las personas que sean vinculadas con estos centros la herramienta suficiente para defenderse ante cualquier irregularidad: la tortura no es un tratamiento médico”, dicen.

La tortura, en casos de reclusión en estos centros, la evidencian, primero, en la privación de libertad a la que son sometidas las personas contra su voluntad en muchos casos y, segundo, en que no se justifica el uso de la fuerza para vulnerar a los individuos, ni física ni psicológicamente.

Ahora, su mayor reto jurídico es lograr la libertad de Jovanni López, mejor conocido por su proyecto agroindustrial de productos cannabicos, llamado Lorito Dorado. Por la complejidad del caso, lo quieren convertir en un hito que le enseñe al país que es posible hablar de dignidad cannabica y de cómo la marihuana puede tener usos artísticos, gastronómicos, industriales y medicinales.

Jovanni, a quien ven como un artista de la planta, está condenado a siete años tras las rejas en una cárcel de Palmira (Valle del Cauca), después de que lo cogieran, junto con un amigo, transportando seis kilos de marihuana, muchísimo más de la dosis personal permitida.  Lo condenaron por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Su mayor error fue ser pionero en lo que hacía, pues ejercía una relación digna con la cannabis (producía jabones, lociones y ajís a base de marihuana) y no contar con un apoyo jurídico especializado. Un abogado ignorante le sugirió aceptar el delito que le imputaba la Fiscalía, haciéndolo firmar su propia condena”, explican desde #CorresponsalPisconauta.

En este caso, para los abogados, lo importante era demostrar una situación de “arraigo”. Es decir, que Jovanni tiene unas condiciones y características que configuran su relación con la planta y demostrar así que no es un peligro para la sociedad, por lo cual no amerita que lo tengan tras las rejas.

Para ellos, Jovanni es una de las últimas víctimas de la criminalización excesiva de la fracasada política de guerra contra las drogas, una política que, en todo caso, consideran que se ha logrado acabar, al menos en lo relativo al uso de cannabis.

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