Este es el aporte transgénero para el posconflicto

“El conflicto se expresa de manera armada pero las discriminaciones que vivimos hacen parte de lo que alimenta la guerra en Colombia”, explica Laura Weinstein, mujer transgénero, defensora de derechos humanos y desde hace 8 años miembro de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT).

Como Laura, muchas mujeres y hombres trans han enfrentado a lo largo de sus vidas todo tipo de discriminaciones, desde el rechazo familiar y de los amigos, pasando por problemas de asistencia médica, violación de derechos públlicos, asociación con drogadicción y prostitución, hasta problemas con la policía porque su apariencia no coincide con la foto de su cédula. 

La población transgénero ha sido históricamente víctima del conflicto colombiano: desplazamientos, violaciones, homicidios, persecución a sus organizaciones y líderes. Lo demuestra Aniquilar la diferencia, el estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en diciembre del año pasado.

“Hemos estado envueltas en todos los matices de alguna forma” dice Laura, refiriéndose a situaciones como las de trans que han sido forzadas a ser mulas y transportar droga para poder quedarse en sus pueblos.

Los acuerdos entre el Gobierno y las Farc implican en ese sentido un gran avance, pues como recalca Laura “lo más importante de este es que por primera vez se reconoce que la población LGBTI ha sido víctima del conflicto”. En efecto, en el Comunicado Conjunto 82 de lo acordado en La Habana, la subcomisión de género presentó el resultado de las discusiones que incluyeron también representantes de organizaciones de mujeres y LGBTI.

No obstante, Laura y otras compañeras sintieron que desde el principio las personas trans no contaban con la representación necesaria en la negociación, pues aunque se incluyen en las siglas LGBTI, tienen una agenda diferente a las otras diversidades sexuales allí nombradas y, así mismo, han vivido violencias específicas dentro del conflicto.

A raíz de esto, desde 2014, GAAT viene impulsando ‘Embajadores por la paz’, un proyecto que busca empoderar a las personas trans y documentarlas sobre sus derechos para que sean reconocidas como víctimas del conflicto.

“El proyecto nació de la pregunta ¿cómo ven las trans la paz en Colombia? Hicimos varios ejercicios y encuentros, primero con personas trans, luego con sus familias y amigos, pues es la familia muchas veces el primer escenario de violencia para nosotras, y luego una jornada con líderes y lideresas de diversos colectivos”, explica Laura.

‘Nuestrans voces en La Habana’ fue el resultado de todas esas discusiones entre víctimas directas del conflicto y otras que han visto vulnerados sus derechos por la extensión de este en otros escenarios de la vida. “Hicimos una última actividad con mujeres trans que habitan en la calle. Les propusimos que pensaran que la paz se firmaba definitivamente y que podrían regresar a sus hogares, les preguntamos ¿cómo se imaginan que sería volver? La conclusión fue que probablemente no lo harían”.

El manifiesto concluye que la guerra ha establecido lo que está bien y lo que no, y según esta, las personas transgénero están mal por el hecho de romper con la normatividad. En los entornos de los que fueron desplazadas tendrían que cambiar aspectos sociales y culturales más allá de disolver los grupos armados, pues si bien estos han ejercido violencia directa contra ellas, la sociedad también ha permitido y fomentado la discriminación.

Tras la publicación del manifiesto en el año 2014, siguieron trabajando y hace unas semanas realizaron un debate sobre los acuerdos concretos que salieron de La Habana, los cuales las afectan directamente. Por ejemplo, el punto agrario contempla condiciones especiales para que las mujeres y personas LGBTI que viven en el campo puedan acceder a subsidios y financiamiento de proyectos que tiendan a la productividad. Así mismo, el acuerdo busca fortalecer y promover la participación política de organizaciones LGBTI.

“Hasta ahora muchas reconocen también su condición de víctimas directas del conflicto, pues cuando huyeron y se encontraron con ciudades hostiles como Bogotá tuvieron que olvidar que estuvieron allí, que dejaron atrás a veces a seres queridos, porque debían enfrentarse a la discriminación de la ciudad” explica Laura.

Las jornadas no solo permitieron identificar las violencias e historias particulares de algunas víctimas, también surgieron propuestas interesantes que, aunque no están contempladas en los acuerdos, buscan aportar a su implementación. “Puede ser que lo que va a pasar con los guerrilleros desmovilizados sea similar a lo que nos ha pasado: señalamiento, exclusión, rechazo de la sociedad —explica Laura—. Nosotras creemos que podemos hacer este acompañamiento con ellos. En nuestro grupo hay personas que han ejercido violencia contra otras también. Creemos que en los tránsitos se logra crear un lugar de encuentro”.

Del mismo modo, opinan que más que una reparación económica, ellas deben ser reconocidas, primero, como ciudadanas plenas, y luego como víctimas del conflicto: “Queremos saber la verdad, ¿cuántas de nuestras compañeras han sido asesinadas? ¿A orden de quién? ¿Por qué?”. Esto incluye buscar la verdad no solo en los grupos guerrilleros y paramilitares, también en las fuerzas armadas institucionales, que, según Laura, también han cometido crímenes que hoy siguen impunes.

También proponen que es necesario un enfoque en derechos humanos para las instituciones militares y policiales, pues “no podemos firmar una paz con unos grupos armados y seguir teniendo una guerra en otros escenarios”. Se refiriere con esto a casos documentados de abuso policial en población trans.

Reconocen que es posible que existan otras opiniones dentro de la comunidad, pero ellas van por el Sí en el plebiscito. “Creemos en la posibilidad de la paz porque hemos vivido el conflicto. Tenemos que trabajar sobre esas enormes diferencias que nos hacen humanos”.