La memoria puteril, la digna rabia

En una sociedad en que las únicas mujeres “buenas” son las madres heterosexuales y obedientes, el comportamiento de cualquiera que pretenda salirse de estas dinámicas es asociado al quebrantamiento del statu quo. Cuando esa rebelión va acompañada además de una expresa libertad sexual, empieza el uso repetitivo y despectivo de términos como “perra” para referirse a aquellas que no siguen el rol histórico que durante años les ha impuesto de qué manera vivir y experimentar su sexualidad. La utilización del cuerpo y la sexualización del mismo marcan una frontera simbólica que divide a hombres y mujeres: mientras a nosotros nos otorga poder el ser catalogados de “perros” y aventureros, a las mujeres las convierte en foco de críticas y señalamientos. Es por eso que, a pesar de vivir en un Estado laico, la sociedad religiosa y heteropatriarcal colombiana a diario criminaliza y sataniza labores como la de Coqueta, una trabajadora sexual transgénero que desde la década de los 80 ejerce en el barrio Santa Fé, la zona de Bogotá más asociada a esta labor. La Avenida Primero de Mayo, Venecia, Engativá, Suba o Chapinero son algunos de los espacios en los que también se ve trabajo sexual, aunque desde el 2002, durante la administración de Mockus, el Santa Fé, por medio del decreto 188, fue declarado zona de tolerancia y se convirtió en lo que es ahora: un lugar designado casi que en su totalidad para este ejercicio. 

Por esos años las lógicas del barrio atravesaban por tiempos difíciles. Las desapariciones y agresiones por parte de la fuerza pública hacia personas diversas que ejercían el trabajo sexual, eran una constante. Coqueta cuenta que en lugares alejados del casco urbano, como Choachí o Monserrate, dejaban tirados los cuerpos de las víctimas y era novedoso el día que no aparecía alguna muerta. En 1995, Coqueta tuvo la oportunidad de arrancar hacia Europa, en donde puteó y conoció verdaderamente los derechos que tenían las trabajadoras sexuales en países como Francia, Alemania o Italia. Al volver al país en 2003, ella no llegó a ejercer y decidió aplicar lo que conoció al otro lado del charco y hacer activismo. Fue así como se vinculó a diferentes proyectos independientes y también institucionales de la Secretaría de Integración Social para trabajar por la lucha de los derechos de las trabajadoras sexuales trans y cisgénero.

El morbo hacia el cuerpo femenino es una de las construcciones más fuertes producto de un sistema patriarcal que ha objetualizado a las mujeres. Aunque en las últimas décadas las luchas feministas se han hecho más visibles en gran cantidad de sectores de la población colombiana, para la mayoría de los hombres las mujeres siguen siendo, esencialmente, un ser sexualizado, una forma de satisfacción masculina que se incuba desde aparatos sociales como la familia, la tradición, la educación y el lenguaje. Para entender la posición laboral de las mujeres que ejercen el trabajo sexual vale la pena tener en cuenta que así como existen posturas que cuestionan esta labor y definen a quienes lo ejercen como víctimas de un capitalismo arrasador, también hay quienes consideran que las trabajadoras sexuales son las verdaderas transgresoras de un sistema que ha impuesto una manera de concebir el sexo en la que, por supuesto, los más privilegiados hemos sido los hombres. 

Justicia de género y memoria es el nombre que se le asignó a un diplomado guiado por la Licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica, un ejercicio político y pedagógico que pretendió entrar en diálogo con trabajadoras y trabajadores sexuales para dar a conocer las vulneraciones de sus derechos y exponer herramientas técnicas y políticas que les permitan ejercer plenamente, hacer memoria de las vulneraciones y poder denunciar o hacer frente a la violencia y el abandono estatal. El diplomado tuvo lugar en Casa de Todas, una estrategia de la Secretaría Distrital de la Mujer cuya finalidad es abordar los temas relacionados con personas que realizan actividades sexuales pagadas en Bogotá, para contribuir a la garantía de sus derechos, y se desarrolló en articulación con la Personería Distrital. 

“Desde la licenciatura venimos haciendo un ejercicio desde hace más de 10 años —asegura Liliana Chaparro, una de las profesoras que encabeza este ejercicio—. La apuesta que tenemos es etico-política y en ese sentido nuestro trabajo con las comunidades tiene unos ejes que tienen que ver con la ética alrededor del trabajo comunitario y los derechos humanos, por eso no es simplemente llegar a las comunidades y utilizarlas para nuestros fines investigativos, sino más bien hacer ejercicios de entrecruzamientos, tejido y colaboración, para resolver algo que en Colombia ha sido problemático: el vínculo entre la academia y las comunidades, sobre todo las más vulnerables”.

Una de las maestras comunitarias que estuvo involucrada en el diplomado fue Lebeb Infante, quien asegura que el proyecto se desarrolló tras varios ejercicios de caracterización que se hicieron desde la universidad. Uno fue un espacio de alfabetización para personas adultas donde se reconoció que las mujeres que asistían tenían la necesidad de fortalecer liderazgos y tener mayor empoderamiento, reconocer que eran víctimas de diferentes tipos de violencia y entender sus luchas y resistencias dentro del territorio. La siguiente fase del proyecto se denominó Memorias Putas, una recopilación de la memoria trans del barrio Santa Fe, gracias a la cual lograron ubicar distintos puntos históricos y problemáticas que las pusieron a pensar de qué manera, como pedagogas y maestras comunitarias, podían llegar a estos espacios, pero más allá de esto, poder contar con los saberes de ellas y relacionarlos con los propios. 

(Para entrar en contexto, estos apuntes sobre la cuarta marcha del orgullo trans en el barrio Santa Fe)

“En el diplomado participaron profesoras cisgénero y trans, entre ellas Johana Pérez, una mujer trans empoderada de la Red Comunitaria Trans que hizo unos aportes muy interesantes desde el cuerpo y la memoria; la compañera Luisa Vélez que nos asistió en los espacios de aborto seguro, donde hablamos de decisiones importantes de las mujeres en cuanto al aborto pero también en cuanto al cuerpo y otros direccionamientos (...) En mi caso estuve en los talleres de memoria y de cuerpo, uno de los talleres más importantes dentro del diplomado. Hicimos cartografías del cuerpo y del territorio. Reconocimos violencias, saberes, deseos, necesidades y problemáticas, entonces pienso que lo más importante del diplomado fue lo metodológico que se construyó bajo una base cualitativa, enfocado en la educación popular desde las teorías de género y lo decolonial”, comenta Lebeb.

Otra de las maestras comunitarias que hizo parte de este diplomado que contó con cerca de 1.500 postulaciones de las cuales se seleccionaron las 40 participantes, fue Diana Arango, a quien el ejercicio investigativo y ver las dinámicas del barrio, así como a Lebeb, la llevó a vivir en el Santa Fe. Diana fue quien se encargó del módulo de política pública, desde donde se habló de cómo cualquiera puede llegar a incidir a través de los mecanismos de exigibilidad, porque es un derecho. “Tenemos que apropiarnos de las herramientas de exigibilidad, aterrizar todo lo que la burocracia colombiana nos tiene como imposible y empoderarnos de ello (...) En cuanto a la política pública teníamos ciertas falencias cuando estuvimos dentro del módulo porque se supone que había una fecha estipulada para que saliera la política y no salió. La Política Pública de Actividades Sexuales Pagas salió el 26 de diciembre de 2019, por lo tanto no pudimos hacer un aterrizaje concreto del estado actual pero hicimos un recorrido en cuanto a los ciclos para que las personas supieran cómo hacer una incidencia efectiva a la hora de exigir desde su criterio”, señala.

En el ámbito jurídico*, la política pública que rige actualmente y que se conoció a finales del año pasado, tiene como objetivo <<contribuir a la transformación de las condiciones políticas, culturales, sociales y económicas que restringen el goce efectivo de derechos de las personas que realizan actividades sexuales pagadas en el Distrito Capital>>, la vaina es que como dan a entender los y las trabajadoras sexuales con las que hablamos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Martín Montana es escéptico ante esta nueva política. Él, quien junto a Carolina Calle se idearon hace año y medio una organización de base comunitaria llamada Calle 7 Colombia, es enfático al referirse al respecto: “Según la política pública —explica Montana—, la visión laboralista solo legitima lo que son los derechos laborales y eso es una gran mentira, también reconoce los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano (...) Desde Calle 7 queremos ver cómo comunicar el mensaje y explicar la política pública en debate porque tiene un montón de errores y citan un montón de autores que no entiendo por qué. Las trabajadoras sexuales deben saber que son garantes de derechos, que hay sentencias que las protegen y que la policía no tiene que agredirlas ni quitarlas del espacio público. Eso queremos enseñarlo”. 

Carolina Calle, por su parte, es una trabajadora sexual que lleva 13 años ejerciendo, la mayor parte de ese tiempo en calle. Desde que empezó ella notó que algo no estaba bien en medio de la práctica y fue así que después de pasar por varios negocios y reservados, llegó al Siete de Agosto, en donde ha ejercido una suerte de liderazgo entre las demás trabajadoras con Calle 7 Colombia, implementando estrategias para explicar a los hijos de las trabajadoras de la zona el contexto en que se mueven y también con la intención de dar a conocer a las demás trabajadoras sexuales cómo desde la jurisprudencia pueden defenderse ante los frecuentes abusos policiales. “Son tantos años de no conocer los derechos —señala Carolina— que obvio uno abre los ojos, despierta y renace. La primera actividad que nosotros hicimos fue con los niños del sector donde se ejerce el trabajo sexual, ahí en el Siete de Agosto porque son hijos de compañeras, incluso si no son hijos de compañeras pues igual están en el contexto, que no es fácil. Se le tiene que dar un espacio a los niños y a las compañeras”. 

Carolina Calle

Carolina se considera una puta feminista, pues cree que la lucha de las trabajadoras sexuales es una de las mayores luchas de las mujeres, ya que han tenido que vivir de manera exacerbada la discriminación y todo lo que ocurre alrededor de este oficio. “El feminismo y el trabajo sexual van de la mano. El hecho de que sea trabajadora sexual no quiere decir que yo deje de ser feminista y el feminismo para mí es el respeto a todos los seres vivos. El feminismo que yo puedo visibilizar es el interseccional, que es el que nos abarca a todas aquellas personas que estamos relegadas como mujeres afro, indígenas, trabajadoras sexuales y mujeres trans”.

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En contraste con la manera en que ejerce el trabajo sexual Carolina, está Martín, quien reconoce que lo hace desde una posición mucho más cómoda por el hecho de ser hombre. Desde hace 14 años, él presta un servicio en donde el primer contacto con el usuario lo hace vía internet, que a diferencia de lo que es la calle o un establecimiento, ese espacio virtual es privado. “Te llama el cliente y lo ejerces en los moteles de Chapinero —relata Martín—, que es donde más se concentra la rola gay. O incluso en la casa de los clientes (...) En mi ejercicio no siento esa persecución que sienten las mujeres, sea en el ámbito familiar, político, social o jurídico. Puede que sienta persecución por el hecho de ser gay, pero puedo decir que es un tema superado y que incluso ahora la rola gay se está convirtiendo en un “homopatriarcado” en que prevalece un privilegio por las demás siglas de la abreviación LGBTIQ. Por el hecho de ser hombre y blanco tengo privilegios por encima de lo que es mi compañera cis o trans trabajadora sexual”.

Así como Carolina y su parche en Calle 7 tienen una visión laboralista sobre el trabajo sexual (es decir: empleo digno como en cualquier otro), existen otras visiones, como la prohibicionista, la reglamentarista y la abolicionista. Según Martín, la visión prohibicionista es la que criminaliza no solo al cliente sino también a quien desarrolla actividades sexuales pagadas, es decir, ve la práctica como un delito. La reglamentarista es la que rige en Colombia y ve esta actividad como un mal menor que se debe llevar a cabo en zonas delimitadas por un POT, en ciertos horarios y bajo determinados estándares, como tener una certificación y pruebas de VIH al día. Para Elvira Villa Camarma, docente de la Universidad Complutense de Madrid y experta en temas de antropología médica, género y feminismos, el enfoque abolicionista defiende la erradicación de la prostitución con medidas legales que no actúan sobre la trabajadora sexual como tal, sino que se dirigen a las personas relacionadas con su organización y explotación. Estas medidas legales penalizan el tráfico y el proxenetismo y a las personas consumidoras de los servicios sexuales. A su vez, defiende la aplicación de medidas que ayuden a la rehabilitación de las víctimas del tráfico y de la prostitución.

Lo cierto es que quienes están involucradas en el ejercicio del trabajo sexual van forjando una serie de saberes populares en torno a las dinámicas de la calle y la noche, que dan cuenta de cómo el conocimiento es más que asistir a un aula académica. Martín, Coqueta y Carolina concuerdan en que uno de los mayores aportes que les dejó el diplomado fue escucharse y escuchar al otro, reconocer otras visiones que las mueven para seguir trabajando por los derechos humanos sin desconocer que hay un camino largo por recorrer.

Las formas de violencia de género existen, es una realidad, y la tarea como sociedad es reconocerlas, no replicarlas y trabajar para erradicarlas. Mientras el sistema patriarcal ya ha hecho de las suyas y grandes empresas de distintos sectores se han lucrado de las luchas de la comunidad LGBTIQ o los feminismos, por el lado se sigue vendiendo un estereotipo que parece inamovible del cuerpo femenino, principalmente, ideado desde la industria para seguir llenando sus arcas. El componente pedagógico es vital para entender todo el mal proceder que durante años se ha dado alrededor de estas luchas y en el caso particular del trabajo sexual, radica justamente en entender de qué manera se han vulnerado los derechos de quienes ejercen y cómo se ha criminalizado y satanizado una práctica cuyo fin se ha desviado desde la moral católica colombiana y se ha asociado con la trata de personas, lo que hace que esté lejos de ser reconocido socialmente como lo que es: un trabajo digno. 

* Además de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagas, otro argumento jurídico para quienes ejercen el trabajo sexual es la sentencia T594 de 2016 que prohíbe la discriminación hacia trabajadores sexuales, lo que a simple vista parece algo de sentido común y que no debería estar sustentado en un documento para su aplicación. 

La Corporación Social Waldorf de Ciudad Bolívar se encargó de certificar el diplomado Justicia de género y memoria, ya que la universidad, en sus lógicas burocráticas, no lo certificó.

Para la realización del texto fueron claves Andrea Puentes y Daniel Sierra, quienes desde el primer momento acompañaron la reportería.