Políticos colombianos que se la han jugado por la marihuana
Estos son algunos personajes de la vida política colombiana que han propuesto la legalización o despenalización de la hierba en los últimos 40 años.
El expresidente Ernesto Samper publicó un libro titulado Legalización de la marihuana cuando tenía 29 años; si acaso hoy sobrevive un ejemplar cascado, de lomo endeble y hojas sucias, en la biblioteca Luis Ángel Arango.
En aquella época Samper era la cabeza al mando de La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), se vestía con camisas leñadoras y ya usaba esos gruesos lentes que lo distinguieron hasta hace unos años. En los días de la bonanza marimbera (década de 1970) fue el primero en apoyar la legalización de la marihuana.
El elefante verde que Samper sí vio
Aunque reconocía que la legalización de la yerba no era viable si Estados Unidos no estaba del lado de Colombia, el discurso anti-yanqui del joven Samper era una premonición de lo que sucedería años más tarde, en 1995, cuando se vio envuelto en la polémica de los ‘narcocassettes’, del proceso 8.000, y le fue prohibida la entrada a ese país.
De acuerdo con las cifras recogidas por él y su equipo de trabajo, los campesinos que cultivaban la yerba ilícitamente apenas recibían el uno por ciento de las ganancias a la hora de exportar el producto a distintas zonas de Norteamérica. Los intermediarios locales e internacionales, en cambio, se quedaban con el 19 y 80 por ciento, respectivamente. Al parecer, a Samper le molestaba esta situación.
Sabía que Estados Unidos iba por el camino correcto hacia la legalización y que veían más “sencillo y menos impolítico destruir cultivos de extranjeros que encarcelar consumidores propios”.
Durante su mandato (1978-1982), el expresidente Julio César Turbay también dijo no a la legalización. Imagen: El Colombiano, 1979.
Lo preocupaba que en el futuro Colombia se dedicara a importar cigarrillos Marlboro de marihuana (una idea que sigue en el tintero pero que aún no se ha materializado) y que de no legalizar la planta Colombia perdiera la oportunidad de recibir unos 8.500 millones de pesos adicionales al año que, según ANIF, buena falta hacían para invertir en salud, educación, vivienda y desarrollo industrial.
Fragmento del editorial ¿Legalizarla? ¡Imposible!, publicado en el El Tiempo en 1979.
¿Detractores de la idea? Pocos. Pero el presidente de turno, Alfonso López Michelsen (1974-1978), al desestimar la teoría de la “economía subterránea” de Samper (basada en el enriquecimiento de los mercados negros), dejó la balanza inclinada a favor del Estado.
Poco importó que el Contralor General de la República, Aníbal Martínez Zuleta, estuviera a favor de la legalización, o que el reconocido dirigente cafetero Leonidas Londoño, motivado por la caída de los precios del café a causa de la bonanza marimbera, avalara a Samper e incluso propusiera la opción de crear una federación de cultivadores de marihuana.
Un editorial de El Tiempo (1979), titulado “¿Legalización? ¡Imposible!”, cobró más relevancia que la crítica que hizo el presidente del Senado colombiano, Héctor Echeverri Correa, en contra de la militarización de zonas donde se cultivaba marihuana.
En los años siguientes, ni en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) ni en el de Virgilio Barco (1986-1990), la propuesta de Samper logró debate. De hecho, su tesis varió (algo por lo que el expresidente Pastrana siempre lo ha criticado), y cuando por fin llegó su momento en el período presidencial de 1994-1998, el proceso 8.000 enterró cualquier posibilidad de legalización, avivando una vez más la vía de la criminalización.
Gustavo de Greiff: “la prohibición no ha dado los resultados que se buscaban”
Hacia 1993, el expresidiente César Gaviria le dijo a Gustavo de Greiff: “Fiscal, usted puede hablar en todas las universidades de los Estados Unidos sobre la legalización de las drogas, pero no logrará nunca que políticos de dicho país acepten siquiera que se discuta esa posibilidad”. De Greiff se hizo el sordo.
En lo que respecta a la actualidad cannábica de Estados Unidos, los estados de Washington, Oregon, Alaska y Colorado permiten la venta y el consumo de yerba con fines recreativos. Asimismo, en otros 24 estados el consumo de marihuana ha sido despenalizado y, en algunos de éstos, la planta es usada para tratar la epilepsia y otras enfermedades. Texas, donde pervive un conservatismo arraigado, fue el último estado en respaldar esta iniciativa.
El exfiscal de Greiff no solo fue de universidad en universidad, sino que también compiló en el libro Moralidad, legalidad y drogas (2000) la postura de distintos teóricos del mundo que están a favor de la legalización de la marihuana. De igual manera, incluyó su postura, que no es otra que la de legalizar.
El exfiscal en un artículo de El Tiempo en el año 1993.
“¿Y cuál debe ser esa política? —pregunta de Greiff en su libro—. Para mi resulta ser la de la legalización o regulación legal de la producción, el comercio y el consumo de drogas hoy prohibidas, porque la prohibición no ha dado los resultados que con ella se buscaban”.
"A la fecha, no han cambiado muchos asuntos respecto al tema de la legalización. Seguramente el principal logro fue la despenalización de la dosis personal en 1994, a cargo del magistrado Carlos Gaviria Díaz"
A pesar de los esfuerzos de Gustavo de Greiff, que empezaron en la década de 1990 y aún no concluyen (el año pasado aconsejó al presidente Juan Manuel Santos), Washington cerró las puertas con crudeza, valiéndose —qué ironía— de la narcodemocracia que cubría el gobierno de Ernesto Samper.
Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado en 1995 en un atentado que, 20 años después, aún no se ha esclarecido.
No todos los conservadores son iguales
Álvaro Gómez Hurtado creía que la despenalización era un posible camino. Su asesinato en 1995, claro, opacó la posibilidad de que el candidato a la presidencia en tres ocasiones hiciera algo al respecto.
Sin embargo, su hermano Enrique Gómez Hurtado logró plasmar en el libro La tragedia de la droga (1993) un pensamiento de despenalización venido de un conservatismo rígido. Por este mismo camino iba su colega de partido, el político Mario Laserna. No obstante, como pasó con Gustavo de Greiff, al expresidente Gaviria no le interesó reabrir el debate.
“He propuesto despenalizar y no legalizar —aseguró Enrique Gómez Hurtado en su libro—, porque la legalización puede interpretarse como aceptación y no es el caso. La despenalización del consumo personal tiene muchos argumentos a su favor. Los derechos constitucionales del individuo (…), el mejor control de las calidades de la droga, el fácil acceso a los tratamientos”.
A la fecha, no han cambiado muchos asuntos respecto al tema de la legalización. Seguramente el principal logro fue la despenalización de la dosis personal en 1994, a cargo del magistrado Carlos Gaviria Díaz.
Por estos días
El alcalde Gustavo Petro durante su administración, próxima a terminar, instauró los CAMAD (Centros de Atención Médica a Drogadictos), en 2012. El objetivo de estos era suministrar marihuana a indigentes adictos al bazuco para reducir sus niveles de ansiedad, pero sin la legalización como paso previo tal iniciativa fue tildada de ilícita. Por el momento, este modelo únicamente ofrece atención médica, psicológica y odontológica a ciudadanos habitantes de la calle. La desconexión entre la alcaldía de Petro y el gobierno de Santos en materia de despenalización no ha favorecido un modelo de la reducción de la drogadicción.
Hace unos meses, el candidato a la Alcaldía de Bogotá Francisco Santos anunció que de ser electo acabaría con los CAMAD. Los otros candidatos no se han manifestado sobre este punto específico. Solo se conoce que los candidatos punteros: Enrique Peñalosa, Clara López y Rafael Pardo, contemplarían la posibilidad de legalizar o al menos despenalizar la droga.
Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien fue asesinado en 1989, apoya la legalización desde el año pasado.
Quienes más protagonismo han ganado por responsabilizarse del tema en los últimos años son los senadores liberales Viviane Morales y Juan Manuel Galán. Este último con un proyecto de ley que pretende darle al Estado el control sobre los cultivos, la importación y exportación de los mismos; sin embargo, este proyecto, que también aboga por el uso medicinal de la yerba, va de tropiezo en tropiezo, enfrentando la usual y engorrosa tramitología de las entidades colombianas… y, claro, con detractores furiosos como Álvaro Uribe Vélez.
