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En Bogotá los muros son para unos cuantos

El pasado 18 de octubre el Ejército Nacional tapó un mural realizado por organizaciones sociales en el que se denunciaban a jefes militares involucrados en ejecuciones extraoficiales. No obstante, en la glorieta de la carrera 30 con calle 80 siguen los muros alusivos a las acciones históricas afirmativas de las fuerzas armadas. ¿Qué memorias tienen validez estatal y qué preguntas se pueden hacer en un espacio que, en teoría, le pertenece a todos?

Julián Guerrero / @elfabety

Lo primero que taparon fueron los rostros. Antes de cubrir si quiera la cifra, 5.763 falsos positivos, sobre los que aún reclaman la víctimas y el país, o cubrir la pregunta frentera <<¿Quién dio la orden?>>, lo primero sobre lo que los militares pusieron la manchas de pintura blanca fueron los rostros de los cinco comandantes señados públicamente y bajo cuyos mandos, entre 2000 y 2010, tuvieron lugar las ejecuciones extrajudiciales que enlodan la historia reciente de las fuerzas militares colombianas.

El mural con fondo amarillo y en el que podían leerse la cifra, la pregunta y los nombres e imágenes de los militares, acompañados del número de muertos durante su administración, había sido pintado cerca a las inmediaciones de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” y con la autorización de los dueños del predio. El primero que desapreció fue el rostro de Mario Montoya Uribe, quien encabeza las cifras de falsos positivos durante su administración con 2.429 ejecuciones extrajudiciales. Luego le llegó el turno a Nicacio de Jesús Martínez (75), Marcos Pinto (45), Adolfo León Hernández (39) y, por último, Juan Carlos Becerra (154).

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El mural hacía parte de la Campaña por la Verdad, una iniciativa liderada por once organizaciones de derechos humanos, representantes de víctimas de crímenes de Estado ante la justicia ordinaria. Con esta campaña, las organizaciones han buscado hacer seguimiento a la comparecencia de militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP (una circunstancia que encontró un triunfo en septiembre del año pasado cuando el General Mario Montoya participó en la firma del acta de compromiso ante la JEP) y presentar informes que puedan ayudar a esclarecer la participación de las fuerzas militares dentro del conflicto armado. 

Hasta ahora se han entregado seis informes a la JEP, los cuales se ha dado a conocer a la opinión pública junto a hojas de vida de los altos mandos implicados e iniciativas como el mural borrado por el ejército, el cual contenía un resumen de la información recopilada y una pregunta esencial sobre la que se reclama una respuesta con urgencia. Sin embargo, el mural no cayó bien entre las fuerzas militares y amaneció tapado y custodiado al otro día por miembros del ejército, un hecho de censura que avivó los reclamos en redes sociales y la difusión de la imagen en las mismas.

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Si aún existiera, el mural censurado perduraría cerca de la glorieta de la carrera 30 con calle 80, justo al frente de la Escuela Militar y donde, el año pasado, los mismos militares decidieron visibilizar las acciones históricas afirmativas de las fuerzas armadas y de la escuela. A través de un mural gigantesco que rodea la glorieta por la que a diario transitan cientos de personas en Transmilenio, el Ejército Nacional de Colombia representó hitos de su historia en una mezcla de elementos que incluyeron fechas, consignas, escudos de armas y a un Bolívar frentero y armado en su caballo. La obra realizada por artistas locales como el grafitero Hugo Bohz tuvo un costo aproximado de treinta millones de pesos y se sumó a murales ya existentes en la 26, el barrio Egipto y San Victorino que conmemoran la historia de las fuerzas armadas.

Para conservar este ejercicio de memoria que pretendía acercar la historia del ejército a los ciudadanos que pasan a diario por ese corredor, se destinaron militares vigilantes para interrumpir a tiempo cualquier intervención o grafiti sobre el mural, fieles a la privatización que la alcaldía de la capital ha hecho sobre el muralismo en la ciudad (basta ver ejemplos como el Bronx Distrito Creativo donde el grafiti no es una actividad perseguida y criminalizada como lo es en el resto de la ciudad) y motivados por la perdurabilidad de una historia que, a su juicio, merece ser recordada siempre. Sin embargo, la cesura directa sobre el mural de los falsos positivos —una realidad aun no esclarecida del todo— pone sobre la mesa la pregunta sobre qué memorias tienen validez en el espacio público y qué preguntas se pueden hacer en un espacio que, en teoría, pertenece a todos.

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Los recientes casos de censura dejan ver que, a pesar de que nos indigna la desaparición de un mural desafiante o de una ironía crítica, poco se reclama sobre las acciones destinadas a afirmar una historia oficial la cual, además, es defendida y privatizada a través de un cuidado celoso y armado que apenas hasta hace unos meses ha podido ser burlado. Si las fuerzas militares tienen permitido contar su historia en la ciudad, ¿por qué es prohibido para las víctimas de los falsos positivos? ¿Por qué, de la misma manera en que las fuerzas militares celebran sus triunfos, las victimas no pueden reclamar sobre sus derrotas?

En una columna para el Periódico Debate, un medio de derecha capitalino, el periodista Eduardo Mackenzie señalaba que se trataba de un “mural calumnioso” motivado por el odio que, según él, tendrían las organizaciones hacia las fuerzas militares, pero que no estaría fundamentado con ninguna prueba. Sin embargo, basta revisar de nuevo los nombres y rostros tapados del mural para conocer las razones sobre las acusaciones. 

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El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, ha sido investigado por la Procuraduría debido a directrices que podrían traer de nuevo las ejecuciones extrajudiciales al país. Cuando el general Adolfo León Hernández, por su parte, estaba a cargo del comando de transformación del Ejército del Futuro, en el Batallón La Popa se presentaron 23 casos con 39 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre de 2007 y junio de 2009. Por otro lado, Marcos Pinto Lizarazo, actual comandante de la XIII Brigada está vinculado a los 26 casos con 45 víctimas que tuvieron lugar en dos unidades a su mando, al igual que el general Juan Carlos Barrera Jurado, con más de 154 casos en distintas unidades. Mario Montoya, excomandante general del ejército y quien se acogió a la JEP el año pasado, encabeza las denuncias con 2.429 asesinatos. 

“Lo verdaderamente escandaloso es que estos crímenes sigan en la impunidad. Lo  censurable es que haya miembros activos en las fuerzas militares implicados. Lo deshonroso es que el Ejército no se distancie de estos hechos y de los implicados”, se lee en el comunicado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (una de las organizaciones involucradas) ante la censura del mural.

 

 

Hasta ahora el problema de los mal llamados falsos positivos apenas ha condenado a miembros de rangos bajos del ejército, por lo que sigue siendo una pelea por la memoria histórica que debe continuar. Si bien las organizaciones vinculadas a la Campaña por la verdad seguirán sumando sus esfuerzos para esclarecer lo ocurrido, acciones como esta por parte de las fuerzas militares deja ver hasta qué punto está la institución interesada en la explicación y esclarecimiento de los hechos. Esta semana el mural fue pintado de nuevo en Popayán y tapado de nuevo por el ejército. Es claro que al Ejercito Nacional no le interesa ser cuestionado y su acciones dan para pensar que es muy poca la ayuda que quieren prestar a que se conozca la verdad.

Muchos sumaron este acontecimiento a otro caso de censura que tuvo lugar el mes pasado durante el Salón Nacional de Artistas, en el que una obra realizada de los artistas Power Paola y Lucas Ospina, en uno de los muros del centro Colombo Americano, fue tapado por orden de la misma institución. A la hora de tapar ese muro el comienzo fue el mismo: lo primero que quedó bajo la pintura blanca fue el rostro del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque en este caso la obra encontró una validación en la cultura bogotana debido al nombre de los artistas y su participación en el Salón Nacional (murales y carteles de la misma naturaleza son tapados a diario sin que nadie reclame su censura), casos como este o el mural de la Campaña por la verdad, no sólo son prueba de que las paredes en la capital y el país están privatizadas para determinados discursos, sino que los muros de denuncia todavía son poderosos y habrá que seguir pintándolos en una sociedad que cree que puede continuar tapando lo evidente con pintura blanca. 

 

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16 / Diciembre / 2020
18 / Diciembre / 2020