La Gran Fumatón 2018: entre el abuso policial, la desinformación y la falta de eficacia

Antes de comenzar, la Gran Fumatón 2018 ya había terminado. La convocatoria realizada por el colectivo Sí a la Dosis Personal, para las 10 de la mañana del pasado jueves 6 de septiembre, duró menos de una hora. Lo que pretendía ser un plantón pacífico a las afueras del Planetario Distrital se convirtió en una lucha –desigual- entre asistentes y agentes del ESMAD, que impidieron el acceso al Parque de la Independencia y finalmente retuvieron a seis personas. Ahí se acabó la movilización citada por este colectivo que desde 2002 lucha contra el prohibicionismo y aboga por el uso responsable del cannabis.

La Fumatón 2018 se anunció con semanas de antelación como una reacción a las declaraciones del presidente Iván Duque, quien anunció la firma de un decreto que facultaría a la Policía para decomisar cualquier tipo de droga. La medida, según los argumentos expuestos, se toma como una protección de las familias y para luchar contra el microtráfico, una práctica que para Duque se esconde bajo las faldas de la dosis personal. El decreto, que ha encendido el debate sobre el consumo de cannabis, las libertades individuales y las estrategias para acabar con el microtráfico, fue la chispa para que diferentes personas y colectivos se manifestaran y desarrollaran acciones como esta marcha pacífica.

Foto tomada del Facebook de Sí a la Dosis Personal. 

Pero el anunciado decreto no fue lo único que motivó la movilización sino también los temores que ha despertado el Gobierno en consumidores y activistas canábicos, quienes ven cercano un futuro de represión y prohibición, alejándose de estrategias pedagógicas e informativas. La lucha contra las drogas desde la prohibición y un marco normativo más apretado fueron la bandera de la candidatura de Iván Duque, y de la administración del expresidente Álvaro Uribe, y es hoy una medida respaldada por sectores como el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez. La administración de Duque ha decidido reforzar una estrategia que países como Estados Unidos o Canadá han cambiado por enfoques pedagógicos. En Colombia, la prohibición sigue siendo el arma para luchar contra las drogas y el microtráfico (un problema que no puede negarse). Y es que por estos días la moral, que sigue rigiendo los principios sobre la ley y la libertad, parece más relevante que la educación.

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El panorama legal del momento es este: el consumidor tiene derecho al porte de la dosis mínima (no más de 20 de gramos) y a consumir en espacios que no afecten la tranquilidad de las personas (no puede consumirse en presencia de menores de edad, cerca de entidades educativas o en horarios concurridos), es decir, en casa o espacios donde todos consuman. De lo contrario, la Policía puede decomisar la droga y llevar a cabo el debido proceso disciplinar, establecido en el literal (c) del artículo 33 del Código Nacional de Policía y Convivencia: intervenir la actividad y poner al consumidor una multa de ocho salarios diarios vigentes ($208.328). 

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El decreto, que además no reconoce diferencias entre drogas o sustancias prohibidas y psicoactivas, no sólo daría mayor poder a la Policía sobre la libertad de los consumidores, sino que volvería a poner sobre estos el estigma de la criminalidad. La posibilidad de que la Policía pueda decomisar cualquier dosis sin importar la circunstancia, con la excusa de no permitirle al traficante el expendio de drogas, no sólo atenta contra las libertades individuales ya ganadas por los consumidores, sino que los trata como sospechosos de hacer parte de una red de tráfico.

“Hace falta mucha educación en el tema de drogas y es necesario trasladar el debate a la salud pública y la reducción de los daños sociales que genera el uso de drogas. Hay que sacarlo del ámbito donde los medios de comunicación y el Gobierno lo han insertado: la familia. Si damos el debate desde ahí, a los padres lo que les debe preocupar es si su hijo o hija va a ser violentado por la Policia por portar sustancias, si tiene que poner su vida en riesgo por acceder a la droga a través de redes de criminalidad, si puede acceder a sustancias seguras, si cuenta con espacios seguros donde hacer uso”, comenta Alejandro Lanz, director de Temblores ONG, una organización que le está haciendo seguimiento legal a las violaciones que tuvieron lugar en la Fumatón.

Las declaraciones del presidente a propósito de un decreto que aún no está firmado, han abierto la puerta al debate sobre la mejor estrategia para abordar el consumo de drogas y, hoy en día, enfrentan la pedagogía contra la prohibición. Sin embargo, lo que se comenta en las calles, más allá de las acciones legales y las estrategias ideales, es la alta presencia de la Policía después de la decisión de Duque y el constante hostigamiento a aquellos que consideran sospechosos de portar cannabis y otras sustancias. Las recientes declaraciones sobre los tatuajes en el cuerpo de la fuerza pública y su vinculación con la delincuencia, el ocio y los antivalores, a pesar de limitarse a la institución, demuestran la manera en que ésta asume determinadas conductas de los ciudadanos y habla de cómo actúan frente a ellas.

El colectivo Sí a la Dosis Personal en el Cabildo Canábico realizado en mayo. Foto tomada del Facebook de Sí a la Dosis Personal.

Para la muestra un botón: después de haber desplazado a los asistentes de la Fumatón en el Planetario Distrital, cuando estos ya se hallaban en la Carrera Décima, la Policía, que se había mantenido quieta al otro lado de la calle, cruzó, y deliberadamente y sin requisar, se llevó a algunos de los jóvenes que estaban sentados en la fuente, y que en ese momento ni estaban consumiendo. El acto, que tuvo lugar ante los medios de comunicación que cubrían el encuentro, cerró la fallida Fumatón, intervenida por el ESMAD, sus aturdidores y excesivas maniobras antidisturbios. Aunque en la tarde otras personas marcharon hasta la Plaza de Bolivar, la presencia de la Policía y la poca acogida de la comunidad, no permitió que fuera más allá de las cuatro de la tarde. 

“La fuerza pública más que prohibir, está reprimiendo, abusando y maltratando a usuarios de cannabis que no nos tapamos la cara y que queremos decirle a Colombia que no somos enfermos ni delincuentes. Esto es una protesta pacífica, está en el marco de la Constitución, pero la Policía siempre se ha saltado cualquier código: vinieron, nos agredieron, nos sacaron del Parque de la Independencia, nos corretearon hasta la décima y acá en la décima nos lanzaron gases aturdidores, para después decir que éramos nosotros los que estábamos agrediendo”, dijo ese día Lizeth Rincón, del colectivo Sí a la Dosis Personal. Los jóvenes se retiraron con la promesa de una Fumatón la semana siguiente, no sólo contra la prohibición, sino contra el abuso policial. 

“Nosotros venimos trabajando desde hace más de quince años desarrollando actividades como talleres y cineforos donde abrimos el debate sobre estos temas. Así mismo desarrollamos trabajo con comunidad y nos aliamos con colectivos que trabajan el tema cannábico para tratar procesos de emprendimiento, porque no sólo se trata de consumir, sino que la industria del cannabis y el cáñamo en Colombia puede llegar mucho más lejos. En este momento estamos planteando un gran debate porque sentimos que los políticos no quieren que se oigan todas las voces que representan este movimiento”, aseguró Camila Benavides, miembro del colectivo Sí a la Dosis Personal. 

El colectivo Sí a la Dosis personal durante el Cabildo Cannábico en mayo de este año. Foto tomada del Facebook de Sí a la Dosis Personal.

Pero aunque los miembros del colectivo mantuvieron su postura frente a la actitud policial y reconocieron en la Fumatón un escenario ideal para manifestarse en contra de la prohibición, no todos los asistentes estaban enterados de las medidas anunciada por Duque y apenas podían dar cuenta de los derechos que al día de hoy tienen. Muchos de estos jóvenes, universitarios en su mayoría, que permanecieron por la zona, correteándose de un lado a otro con la Policía, manifestaron su desconocimiento del nuevo decreto, a pesar de estar ahí para manifestarse en contra del mismo.

Con lo ocurrido ese día, la Fumatón ha dado mucho de qué hablar y ha ganado tanto detractores como partidarios. Juan Mosquera, del Movimiento Cannabico Colombiano, está de acuerdo con la protesta pública, pero afirma que no es la mejor vía, pues la ciudadanía y el Estado van a ver mal a los consumidores, por eso, agrega, prefiere la educación. Por su parte, Alejandro Lanz afirma que la Fumatón es un ejercicio válido y muy importante para la democracia y que debe ser respetado y protegido por las autoridades públicas y agrega que el mensaje enviado por la violencia policial en la movilización no es el mejor. “Nosotros creemos que este debate debe centrarse en la educación, la prevención, la salud pública, la descriminalizacion de los usuarios, la no discriminacion para quienes toman la decisión libre de consumir y las garantías que el Estado debe tener para que usted pueda acceder a las sustancias de manera segura. La guerra contra las drogas lo único que ha generado es mayor criminalzacion de la pobreza y más jóvenes en las cárceles. Debemos cambiar el foco para abordar esta discusión”, comenta Lanz. 

A pesar de que la Fumatón se presente como un espacio de manifestación contra las políticas que atentan contra las libertades individuales, es poco el impacto que tiene frente a otras formas de activismo cannábico. La decisión de tomarse el Parque de la Independencia, en horarios y zonas concurridas y donde pueden estar presentes menores de edad, choca contra las políticas establecidas y entorpece la dinámica del encuentro. Si bien el evento busca demostrar que los consumidores no son enfermos ni delincuentes, los espacios que ha escogido hasta ahora, sumados a la presión policial y a la estigmatización de los ciudadanos que la observan, no permiten que sea un acontecimiento productivo ni favorable para los intereses de los consumidores.

La pregunta está en si habría que erradicar la Fumatón por completo y acoger otras estrategias –como la vía legal que desarrolla la ONG Temblores o la ruta pedagógica que planea emprender el Movimiento Cannabico Colombiano durante el próximo mes de octubre– o asumir la protesta pública con mayor rigor y mayor frecuencia, a fuerza de obligar a la institución a brindar espacios para el debate, aprovechando que la protesta pública es un escenario ideal para desenmascar y denunciar la conducta de la autoridades.