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Ilustraciones por @nefazta.666

Con el pico y género, la violencia policial y la discriminación provocan más miedo que la pandemia

La medida lleva una semana rigiendo en Bogotá y la Administración Distrital parece hacer oídos sordos a los peligros que ya está generando.

Daniela Pomés Trujillo / @danipomes

El pasado 13 de abril empezó a regir en Bogotá una medida emitida por la alcaldesa Claudia López un decreto que restringe por días la circulación de las personas según el género con que cada quien se identifique. 

Para muchos el denominado “Pico y Género” no implica ningún problema. La medida según la cual los hombres tienen permitido salir los días impares y las mujeres lo días pares, también especifica que las personas trans pueden salir según su identidad de género. 

Sin embargo, la medida que se precia de incluir todas las expresiones de género –que no son pocas–, parece hacer oídos sordos al amplio historial de discriminación y violencia (muchas veces ejercida por la policía) que ha recaído sobre aquellas personas que no se ajustan a la norma de género. Así mismo, parece desatender el peligro y la inseguridad que corren muchas mujeres al salir a las calles vacías. 

Ante este problema las organizaciones y colectivos de la sociedad civil decidieron organizarse para tumbar una medida que, implementada en Panamá y Perú, ya ha demostrado su capacidad como promotora de violencias.

 

Las calles no son espacios seguros

A pocas horas de que la medida entrara en vigencia ya se daban las primeras denuncias. En Paloquemao se registró un caso de violencia policial contra una pareja conformada por una mujer trans y un hombre homosexual mientras se abastecían de alimentos. Un hecho similar ocurrió en el barrio Santa Fe.

Otro caso ocurrió el 15 de abril, cuando Joseph, un joven transgénero, acudió a comprar alimentos a D1. Una vez adentro del establecimiento, cuenta Joseph que un empleado del almacén lo increpó, dirigiéndose a él en femenino, cuestionando sus razones para estar en la tienda y exigiéndole mostrar el permiso que justificara su presencia. Después de un choque con el empleado y el administrador del establecimiento, la discusión terminó con Joseph expulsado de forma arbitraria del lugar en medio de las miradas despectivas de los hombres cisgénero que se encontraban en el almacén. Escenarios como éste se han venido presentando en otros establecimientos de la ciudad. 

Mientras avanza la medida que ha hecho de los ciudadanos sus vigilantes y ejecutores, los casos van en aumento. Estos no solo han expuesto a las personas trans y no binarias a la discriminación por parte de los civiles y la fuerza pública, sino que también ha significado un escenario de mayor vulnerabilidad para las mujeres. Durante la cuarentena, ha habido denuncias en las que se evidencia el uso de los decretos por parte de miembros de la policía para ejecutar actos violentos contra las mujeres, una circunstancia que podría aumentar con la medida del Pico y Género.

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“A diario vivimos el acoso y la violencia por parte de las construcciones sociales y culturales del género. Por eso la medida no solo es agresiva, sino que también hace que en este momento en que las calles están más solas, estemos aún más expuestas a ataques. Las mujeres que deben salir a diario para buscar un sustento están expuestas a que la violencia aumente y recaiga sobre ellas. Nos volvemos una presa fácil del patriarcado y de un sistema que nos sigue dividiendo binariamente sin comprender la gravedad de ello”, señalan al respecto las integrantes de la colectiva feminista Digna Rabia

Según cuentan, antes del Pico y Género, pero ya decretada la cuarentena, a una de las integrantes de Digna Rabia que vive en el municipio de Soacha la hostigaron tres uniformados mientras hacía uso de un cajero. “Los policías le solicitaron documentos de identificación y al ver que efectivamente era el día y el horario en que tenía permitido salir (allá rige el pico y cédula), le empezaron a decir cosas como: ‘Ay no me la voy poder llevar al CAI, y con lo linda que está’, ‘aquí́ la voy a esperar cuando salga del cajero para acompañarla a su casita’. Cuentan que su compañera fue perseguida por los uniformados hasta que recibieron una llamada que los obligó a retirarse, “no sin antes amenazar con estar pendientes en caso de verla en la calle para 'cobrarle la ida al CAI de la que se salvó'”. 

(Lea ‘Violencia de género en cuarentena: la doble amenaza a las mujeres’)

Hechos como este se escuchan desde el comienzo del aislamiento. Por ejemplo, el caso de una mujer en Bosa que fue robada, extorsionada y abusada sexualmente por policías bajo la excusa de no acatar la medida de cuarentena el pasado 22 de marzo. El que muchas mujeres estén encargadas de las labores del hogar –entre estas salir a comprar o a adquirir bienes y recursos– hace que una medida como el Pico y Género las haga más vulnerables a vivir escenarios de violencia. 

 

La violencia policial

Las preocupaciones de estas colectivas y organizaciones no están infundadas. Tampoco se basan solo en casos ocurridos en lo que va el aislamiento. El punto nodal de las opiniones expuestas hasta ahora en torno a la medida del Pico y Género ha sido el accionar violento y sistemático de la Policía Nacional la cual, según denuncian, ha sido la responsable de vulnerar los derechos de estos grupos poblacionales. 

En su informe titulado Qué Maricada con nuestros derechos, Temblores ONG registra que las personas disidentes de la heterocisnorma son violentadas principalmente en el espacio público en actividades de desplazamiento (es decir, caminando por la calle, esperando el bus, yendo a mercar, etc) y entre sus principales agresores estaban desconocidos, conocidos sin ningún trato y miembros de la fuerza pública. 

“Desde Temblores identificamos 135 casos de violencia policial contra personas LGBT registrados por Medicina Legal entre 2009 y 2018. En los procesos de investigación cualitativa que hicimos para el informe pudimos identificar a la policía como el primer y más común agresor que aparecía en nuestras conversaciones sobre violencia en espacio público”, dice Emilia Márquez, directora del Área de género y sexualidad de esta ONG.

Agrega que frente a las cifras hay que tener en cuenta el subregistro que existe en estos casos, pues categorías como "orientación sexual" e "identidad de género" se implementaron solo hasta el 2013 dentro de las bases de datos institucionales. Esto significa que muchos de los casos de violencia policial hacia esta población no quedaron registrados, una circunstancia que se suma al hecho de que la mayoría de las personas no denuncian para evitar la revictimización y la humillación.

Alanis Bello, socióloga no binaria y magíster en Estudios de Género de la Universidad Nacional, cuenta que ha realizado ejercicios de memoria junto a la comunidad trans en aras de reconstruir la relación histórica que ha tenido la comunidad con la policía. Los resultados que este ejercicio ha arrojado demuestran que en complicidad con el Estado colombiano, la Policía de Bogotá, en concreto, ha ejercido todo tipo de violencias “correctivas” a lo largo de la historia sobre las comunidad LGBTI y en especial sobre las personas trans. 

“Hemos documentado casos donde la policía efectuaba acciones de encarcelamiento masivo –todavía sucede– de personas trans. También en los años setenta, ochenta y noventa, se han registrado casos de limpieza social en complicidad con policías contra integrantes de esta comunidad. Además, la Policía Nacional es también la que ha generado esa idea de que las personas trans son peligrosas”, expone Alanis. Según dice, ni la policía ni el Estado han reparado a la comunidad por estos daños.

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Por su parte, la colectiva feminista Digna Rabia, conformada por mujeres cis,  personas trans y no binarias comenta que, en el marco de un estado de emergencia, el que se hable de una medida como el Pico y Género regulada por la policía, provoca que estas poblaciones puedan ser agredidas con mayor facilidad. 

“Nos exponen a andar solxs en las calles reguladxs por la Policía Nacional, esa misma que tiene un amplio historial de violaciones a mujeres, de feminicidios y transfeminicidios y de abuso a trabajadoras sexuales; es decir, de violencia sistemática a todas las identidades femeninas y especialmente las más marginadas. No puede ser que se trate de justificar el Pico y Género para minimizar los efectos de la pandemia como una medida cautelar cuando al mismo tiempo se están exponiendo vidas de otra forma”, agregan.

Emilia de Temblores agrega que estos casos de violencia se han dado bajo normatividades que, aunque dicen proteger a las mujeres y personas LGBTI, no pueden garantizar que las autoridades respeten las identidades de género de quienes salgan, lo que pone a estas poblaciones en un riesgo inminente. Para ella, que la misma Alcaldía hubiese destinado líneas de atención especiales para denunciar atropellos policiales en el marco de la medida, sólo significa que se está reafirmando entre líneas que va a haber discriminación y actos violentos. “Lo que dice es que: ya que ustedes van a recibir violencia acá hay una línea donde lo pueden denunciar”, agrega.

 

Vigilancia de género

 

Alanis Bello señala que existe un antecedente de violencia institucional sistemática y continuada en el tiempo por parte de la policía en contra de las personas trans y de géneros no binarios. Según cuenta, estos casos han sido documentados por la academia e incluso por el mismo distrito. Debido a esto, Alanis considera que la medida del Pico y Género es bastante peligrosa, pues da potestad a la policía de realizar una vigilancia de género sobre los cuerpos, así como una “inspección violenta de los cuerpos” para determinar quién es hombre y quién es mujer.

Según cuenta,  el tema se complica aún más porque muchas personas trans que no se identifican dentro de indicadores binarios y no cambian sus nombres o componentes de género en la cédula. “Esa norma pone en riesgo a las personas trans porque desafiamos de alguna manera esa mirada dicotómica de los cuerpos. Es una medida que resulta lesiva del derecho de la identificación de género. Es sospechoso que se asuma que las normas de género son visibles, que es fácil identificar un hombre y una mujer. Este presupuesto normativo reproduce violencias y niega el derecho a auto identificarse. Lo que vamos a ver es una policía de género en nuestra ciudad limpiando de las calles aquellas personas que no encajan en ese imaginario binario y heterosexual”, afirma. 

Juli Salamanca, directora del área de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, cuenta que para la expedición del decreto no se tuvo en cuenta a los sectores vulnerables como la comunidad trans, sino que se les dio aviso sobre la marcha. De ahí que una vez se hizo pública la medida, la Red junto con otras colectivas y organizaciones sociales iniciaron todo tipo de acciones para concientizar acerca del peligro inminente que representa la restricción por género y presionar para que se derogue. 

“A nosotras [organizaciones trans] nos citó Planeación Distrital el jueves 9 para comunicarnos que no había marcha atrás. Que iban a sacar una circular con el protocolo para los policías. En esa misma reunión se nos informó que la Secretaría de la Mujer, de Integración Social, de Planeación y de Seguridad nunca fueron consultadas para sacar este decreto”, cuenta.  Para Juli este gesto demuestra una desarticulación entre las entidades y un ego bastante fuerte por parte de la alcaldesa quien, para la Red, no tiene voluntad política de hablar con las personas trans. 

A estas declaraciones se suma Temblores ONG. Emilia concuerda con Alanis y agrega que es una medida peligrosa pues “crea una vigilancia constante sobre el género y da a las personas facultades para hacer juicios sobre la expresión de género de otrxs al ser un decreto que se basa en el sistema binario de géneros (que en sí mismo ya hace parte de un sistema de opresión patriarcal)”. 

A lo anterior agrega que la “vigilancia sobre los cuerpos” que promueve la medida incita a las autoridades y a la ciudadanía en general a estar pendientes de quién es hombre y quién mujer y a castigar a quien no cumpla con esto. Según cuenta Emilia, “se pone en peligro a poblaciones que no caben dentro de las normas hetero y cis del género, especialmente en cuanto a la manera en que expresan el género”.

“La cuarentena es un privilegio de clase y las poblaciones a las que se agudiza la vulnerabilidad son, somos, lxs empobrecidxs. En este caso concreto no estamos hablando del marica con plata, de la trans con todas las posibilidades y demás, sino de quién desde la interseccionalidad está en la calle siendo expuestx a múltiples agresiones sociales, biológicas y policivas por su identidad”, agrega por su parte Alba Vanegas, integrante de la Colectiva ¡Grita Revolucionaria! del municipio de Zipaquirá y de la Red Popular de Mujeres de la Sabana.

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¿Qué va a pasar con el decreto?

Hoy, 18 de abril, seis días después de la entrada en vigencia del decreto y a pesar de la lluvia de críticas, denuncias y toda la controversia que se ha generado, las respuestas por parte de la alcaldesa brillan por su ausencia. En entrevista hoy para RCN Radio, se plantea la pregunta sobre si el decreto seguirá después del 27 de abril, día en que se esperan nuevas medidas en torno a la actual cuarentena.  Claudia responde que “en principio, va a seguir funcionando”. También dice que hasta ahora la medida ha resultado efectiva para disminuir aglomeraciones en bancos, supermercados y demás, resaltando el buen cumplimiento de las mujeres. 

Así mismo asegura que no ha habido “mayores líos de abuso a la población trans”. Dice que han habido “muy poquitos casos”, según ella “dos hasta ahora” y que ya han sido atendidos. Finaliza afirmando que “está funcionando bien” y que si sigue así, se mantendrá la medida. No obstante, Juli cuenta que desde la Red Comunitaria han registrado al menos siete casos de discriminación a integrantes de la población trans al día de hoy, todos ellos enmarcados en el Pico y Género. Dice también que Claudia está ignorando de manera deliberada todas las voces que se han sumado para exigir la derogación de la medida. Hasta ahora no han recibido respuesta alguna a la carta que le enviaron con peticiones. 

(Lea ‘Así se han movido las organizaciones sociales por los sectores más vulnerables en la capital’)

Por lo pronto las colectivas y algunas personas representantes de los sectores LGBTI están llevando a cabo varias iniciativas que buscan tumbar el decreto. Desde el grupo interdisciplinario de Estudios de Género se envió una carta a la alcaldesa firmada por un conjunto de académicos y académicas de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, denunciando los efectos nocivos que puede traer esta medida y advirtiendo sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se pueden generar como producto de esta, tomando como ejemplo los casos de Perú y Panamá. 

Por su parte la Red y otras organizaciones trans en Bogotá, aliades y activistas independientes, se han adherido para enfatizar que la administración distrital está poniendo en peligro la vida de las personas transgénero con el decreto. Redactaron un pliego de peticiones entre las que se incluyen la eliminación de la medida de Pico y Género, garantías para que en casos futuros no se adopten medidas que impacten a un grupo poblacional sin consultar con sus líderes y con las instituciones distritales relevantes, medidas definitivas y de largo plazo en contra del abuso policial y discriminación, así como la imposición de sanciones correspondientes efectivas para quienes los cometan y que se establezca un canal de comunicación directo entre la administración y lideresas trans y personas no binarias de Bogotá, entre otras. 

Temblores ONG está promoviendo una “tutelatón” para solicitar la inaplicación del parágrafo 5 del artículo 2 del decreto 106 de 2020 y están brindando asesoría jurídica a quienes quieran poner dicha tutela a título personal. Así mismo, están en proceso de demandar la nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional. “Solicitaremos como medida cautelar la suspensión provisional del decreto porque viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación, entre otros, de las personas trans y no binarias” cuenta Emilia. Por último, lanzaron la plataforma GRITA, que permite registrar casos de violencia policial y acceder a asesoría socio-jurídica a quienes sean víctimas de esta institución.

Por último Digna Rabia está recopilando videos y todo tipo de pruebas que demuestren casos de violencia policial y está invitando a que las mujeres y las disidencias compartan sus casos, para enviarlos a las cuentas de la alcaldesa. “La idea es sacar a más tardar esta semana una publicación con todas las razones que hemos venido recogiendo desde las experiencias mismas de las personas trans, mujeres cis y no binarias para hacer pública la necesidad de derogar el decreto con suficientes argumentos”, agregan. 

Con la medida de Pico y Género impuesta por Claudia López, el Coronavirus pasa a un segundo plano como riesgo vital para estos sectores poblacionales. La institucionalidad, que parece no darse cuenta de sus prácticas violentas, ha sabido usurpar el papel de generador de miedo al virus y se hace del rol protagónico en esta película de terror que nadie debería vivir, menos en una situación de incertidumbre y pánico como la que ya ha venido generado la pandemia. 

 

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