La violencia impacta el arte urbano, popular y los liderazgos culturales en latinoamericana

Algunos casos emblemáticos han sacudido, al menos temporalmente, la opinión pública. La masacre de Chilapa, en la que 10 indígenas nahuas pertenecientes a la agrupación “Sensación Musical” fueron asesinados y sus cuerpos calcinados, puso en foco el uso del terror y el asesinato de músicos en México como parte de la estrategia de ocupación territorial del crimen organizado. En Colombia, la masacre de San Rafael en 2021, donde tres jóvenes raperos fueron acribillados mientras freestyleaban en la plaza del pueblo, también llevó a que se discutiera por un tiempo sobre los asesinatos de artistas por parte de organizaciones criminales.

Frente a la violencia criminal, los estados de la región han demostrado ser ineficaces y desidiosos, tendencia que se agudizó en los primeros meses de 2024. En el primer semestre del año, al menos 10 artistas, entre los que se encuentran DJs, raperos, reguetoneros, grafiteros, cantantes de música regional y líderes culturales, fueron asesinados, principalmente víctimas del sicariato, una modalidad ampliamente aplicada por organizaciones criminales. Otros perdieron la vida en medio de lo que las autoridades consideran disputas territoriales y ajustes de cuentas. En este mismo periodo, al menos 7 artistas han recibido amenazas que condicionaron el desarrollo de sus presentaciones o llevaron a la cancelación de las mismas.

En México, en febrero, los músicos Alan Herrera Beltrán, Cesáreo Niebla y Patricio Niebla, integrantes de la reconocida agrupación norteña “Rivales del Norte”, fueron secuestrados y asesinados en Baja California, México, tras amenizar un velorio. Según la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, el asesinato está relacionado con la disputa territorial que mantienen grupos de crimen organizado por la ciudad de Ensenada y sus alrededores.

En lo que va del año, el panorama en Colombia es desalentador. El 26 de abril de 2024, el cantante de música popular Sebastián Muñoz, conocido como “El León de la Canción”, y su presentador y DJ “JJ Villegas” fueron asesinados por individuos desconocidos que irrumpieron armados en la vivienda donde se realizaba un evento privado, al que el artista había sido invitado a cantar, en el municipio de Corinto, departamento del Cauca, Colombia. En el marco del operativo para dar con los responsables, la Policía del Cauca apuntó a una primera hipótesis relacionada con un posible ajuste de cuentas entre disidencias de grupos armados que operan en la zona.

El 17 de julio de 2024, Cristian García, alias “Ebrio-Drunk”, fue asesinado mientras pintaba un mural en Ciudad Bolívar. Dos hombres en motocicleta le dispararon, causándole la muerte. Según las autoridades, el crimen, aún bajo investigación, podría estar relacionado con el control territorial y las disputas entre bandas locales. Cristian era conocido por su activismo a través del arte urbano.

Ese mismo día, fue hallado el cuerpo de Armando Rivero Manjarrez en el departamento de Sucre, Colombia. Armando era un gestor cultural y defensor de derechos humanos conocido por su trabajo como presentador oficial del Festival Nacional de Gaitas de Ovejas. Había desaparecido el 12 de julio, y aún se desconocen los motivos de su asesinato.

En otro golpe para los liderazgos culturales del país, el 2 de agosto de 2024, Edgar Eduardo Victoria Segura, un artista y docente del Resguardo Indígena de Vitoncó en el municipio de Páez, Cauca, fue asesinado por presuntas disidencias de las Farc mientras viajaba con otros dos profesores en la vía que conecta Belalcázar, Cauca, con La Plata, Huila. Según cifras de Indepaz, Edgar fue el líder social número 96 asesinado en lo que va de 2024. 

Tan solo 13 días después, el 15 de agosto, dos liderazgos culturales que desde el arte urbano y comunitario impulsaban el colectivo Distreestyle y la Comunidad del Bicho se apagaron violentamente. Camilo Sánchez, conocido artísticamente como “Mc Cub”, y Camila Ospitia fueron asesinados en Bosa, Bogotá, tras una jornada cultural en el parque El Porvenir. Después de ser hostigados por la policía y desalojados del parque, se reunieron con amigos cerca de la Universidad Distrital, donde fueron atacados por dos hombres en motocicleta que les dispararon, causándoles la muerte. A través de sus colectivos, los artistas ya habían advertido sobre el peligro al que estaban expuestos debido a la presencia de bandas criminales dedicadas al microtráfico de drogas y al hostigamiento policial. Aunque las autoridades han identificado a uno de los sicarios, su asesinato sigue impune.

En Perú, la música popular también se ha visto afectada por un sistema ya arraigado de prácticas extorsivas que se agudizó a partir de 2022, a través del cobro ilegal de “cupos” y, en algunos casos, de ataques directos contra sus medios de trabajo y hasta amenazas a sus familias. En febrero de este año, la organización criminal “Injertos del Cono Norte” publicó un video con amenazas contra artistas, promotores musicales y sus familias, exigiendo el pago de sumas de dinero que en algunos casos ascendían a los 30.000 soles. Entre los artistas que han denunciado públicamente haber sido víctimas de estas prácticas extorsivas se encuentran los integrantes de la orquesta de música popular “Amaranta”, las cantantes Sonia Morales y Dina Pacuar, y los artistas y productores Chechito, Chacalón Jr, Toño Centella y John Leiva, quien decidió abandonar el país por falta de garantías.

Esta cronología de casos evidencia cómo la violencia e inseguridad características de América Latina y el Caribe afectan en primer lugar a los artistas y al mundo cultural, pero también a las audiencias. Desde hace años, la presencia y el fortalecimiento del crimen organizado en la región cercenan el derecho de miles de personas a disfrutar de diversas prácticas culturales y artísticas. Proteger a nuestros artistas no es solo una cuestión de seguridad, sino de preservar nuestra identidad y defender la libertad de expresión.