Dilan Cruz, una voz silenciada por la violencia estatal
El 23 de noviembre de 2019, en el marco de una de las olas de protestas antigubernamentales más significativas de las últimas décadas en Colombia, un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) disparó contra Dilan Cruz, un joven de 18 años que ejercía su derecho a la protesta durante las manifestaciones en la ciudad de Bogotá. Aunque fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Ignacio, la gravedad de la herida ocasionó su muerte..
Desde entonces, su familia ha buscado incansablemente justicia, como se evidencia en la siguiente cronología del proceso judicial:
2019-2021: Paso de la justicia militar a la justicia ordinaria.
Inicialmente, el caso fue asumido por la justicia penal militar, un sistema frecuentemente criticado por su falta de imparcialidad en casos que involucran a agentes del Estado. Entre 2019 y 2021, el abogado de la familia Cruz, Fernando Rodríguez Kekhan, lideró una batalla legal para trasladar el caso a la justicia ordinaria. Este cambio se logró a principios de 2021, con el nombramiento del fiscal Juan Carlos Fajardo, quien asumió la investigación bajo la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Abril 2021: Informe inicial de la Fiscalía.
La Fiscalía concluyó que el disparo no fue intencional. Según su versión, el capitán de la policía Manuel Cubillos Rodríguez, disparó contra una "turba" distante, y Dilan se cruzó accidentalmente en la trayectoria del proyectil. También argumentaron que Dilan representaba una “amenaza” al devolver una granada de gas lacrimógeno. La familia consideró esta conclusión "errada" e "impresentable", pues no reflejaba lo ocurrido ni respetaba el contexto de los hechos.
Febrero 2022 - Septiembre 2023: Informe de Forensic Architecture.
La familia Cruz contrató al equipo británico Forensic Architecture, que trabajó junto a su filial colombiana Plano Negativo. Usaron herramientas avanzadas para analizar las imágenes disponibles y recrear los hechos en un modelo 3D. En septiembre de 2023, publicaron su informe, que contradice directamente la versión de la Fiscalía. Este informe determinó que Cubillos siguió los movimientos de Dilan, alineó su arma y disparó de forma deliberada, descartando así la teoría de la Fiscalía y reafirmando que Cubillos le disparó a Dilan con el propósito de herirlo y la posibilidad de causarle la muerte.
Actualmente (noviembre de 2024), el fiscal Juan Carlos Fajardo enfrenta la tarea de analizar dos informes con conclusiones opuestas. Por un lado, la Fiscalía concluyó inicialmente que no hubo dolo; por otro, el informe de Forensic Architecture sostiene que se trató de un homicidio intencional. La familia busca que Cubillos sea acusado de homicidio doloso, lo que implicaría que actuó con intención. Este paso es clave para dar inicio a un juicio, que podría llevarse a cabo en 2025 y coincidir con un cambio en el liderazgo de la Fiscalía, ya que el mandato del fiscal general actual, Francisco Barbosa, concluye en enero de ese año. Con su salida y la llegada de un nuevo fiscal general, el caso podría tomar un rumbo significativamente diferente.
Al cumplirse cinco años de su asesinato, desde Bulla recordamos que la muerte de Dilan no fue en vano. Su caso se convirtió en un emblema de los abusos policiales en Colombia, especialmente en contextos de protesta social, y puso en evidencia las dificultades para garantizar justicia en las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. El caso de Dilan fue un catalizador para exigir la reforma del ESMAD, ahora denominado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), señalada por cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos en el contexto de la protesta social en el país.
