
Impacto del crimen organizado en el arte urbano, la música popular y los liderazgos culturales
En varios países de América Latina, el crimen organizado no solo controla economías ilegales y territorios. También impone silencios, interfiere en agendas culturales y convierte el ejercicio artístico en una actividad de alto riesgo. La violencia ejercida contra músicos, muralistas, colectivos culturales y líderes comunitarios es una forma de censura que opera sin necesidad de leyes: se impone con amenazas, extorsiones y asesinatos.
En Colombia, el 2024 dejó una cifra alarmante: al menos 10 artistas y líderes culturales asesinados, según el monitoreo del observatorio Bulla. Entre ellos, el grafitero Cristian García, alias Ebrio-Drunk, asesinado mientras pintaba un mural en Ciudad Bolívar (Bogotá); el cantante popular Sebastián Muñoz (El León de la Canción) y su DJ JJ Villegas, asesinados en Corinto (Cauca) en un ataque atribuido a disputas entre grupos armados ilegales; y lxs artistas Camilo Sánchez (MC Cub) y Camila Ospitia, del colectivo Distreestyle, ejecutadxs tras un evento cultural en Bogotá.
En zonas donde operan disidencias de las FARC, como el Cauca, los riesgos se intensifican. El artista y maestro indígena Edgar Eduardo Victoria Segura fue asesinado en Vitoncó por presuntos integrantes de ese grupo armado. Incluso festivales culturales impulsados por el Estado, como el organizado por el Ministerio de Defensa en El Plateado, debieron cancelar presentaciones tras recibir amenazas directas del crimen organizado. Ni la institucionalidad logró garantizar condiciones mínimas de seguridad para lxs artistas convocadxs.
En Perú, la violencia contra agrupaciones de cumbia se ha vuelto cada vez más frecuente. El 3 de noviembre, la cantante Thalia Manrique Castillo, de la orquesta Hermanos Guerrero, fue asesinada en un asalto armado tras una presentación. El 1 de diciembre, la agrupación Armonía 10 fue atacada a tiros cuando se dirigía a un show en Callao. Días antes, habían recibido mensajes extorsivos: si no pagaban 20.000 soles, habría consecuencias.
En México, la tradicional Feria Ganadera de Sinaloa y el Palenque de Culiacán fueron suspendidos tras una seguidilla de actos violentos. Narcomantas dirigidas al gobernador Rubén Rocha Moya y a artistas como Julión Álvarez, Yuridia y Cristian Nodal dejaron claro que el crimen organizado decide quién canta y quién no. Hubo incendios, amenazas y una cancelación forzada en nombre de la “seguridad”.
En Haití, el control territorial ejercido por bandas armadas también alcanzó a la cultura. En noviembre, Jimmy Cherizier (Barbecue), uno de los líderes criminales más temidos del país, amenazó públicamente a lxs artistas: exigió que priorizaran presentaciones en zonas bajo su control antes de tocar en otros lugares. Una imposición directa del crimen organizado sobre el movimiento artístico local.
Este tipo de violencia no es aleatoria. Es una forma sistemática de dominación sobre el espacio público y la vida cultural. Cuando el crimen organizado dicta las condiciones para cantar, pintar o reunirse, la censura ya no es simbólica: es letal.
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